La batalla política en Veracruz se intensifica a medida que se acercan las elecciones. Morena, en una ofensiva legal sin precedentes, prepara 39 denuncias contra PRI, PAN y Movimiento Ciudadano por supuestos actos anticipados de campaña. Gabriel Zúñiga, representante de Morena ante el OPLE, acusa a los partidos de la oposición de un exceso de promoción, argumentando que sus candidatos aún no han sido oficialmente ratificados. Esta "batería" de denuncias, como la describe Zúñiga, se centra en la fiscalización de los gastos de campaña y se presentará tanto al OPLE como al INE.

Mientras tanto, Morena exige que las quejas presentadas en su contra sean analizadas con perspectiva de género. Zúñiga argumenta que varias mujeres promotoras de la Cuarta Transformación, incluyendo aspirantes a alcaldías como Daniela Griego en Xalapa, Rosa María Hernández en Veracruz, Bertha Ahued en Boca del Río y Adhanely Rodríguez en Poza Rica, han sido injustamente señaladas. Acusa a la oposición de utilizar estas denuncias como una táctica para frenar el avance de las mujeres en la política y reafirma el derecho a la libre afiliación política, destacando que la ley no impide que los ciudadanos se unan a un partido en cualquier momento. La petición de Morena al OPLE busca garantizar que las investigaciones se realicen con rigor y evitar la difamación y la calumnia. Zúñiga insiste en que la "ola Morena" es imparable y que la desesperación de la oposición los lleva a cometer excesos.

En paralelo, Morena continúa su campaña de afiliación a nivel nacional, con la ambiciosa meta de alcanzar los 10 millones de afiliados, de los cuales un millón provendrían de Veracruz. Esta estrategia, según Zúñiga, refleja el enorme apoyo popular al movimiento y la participación activa de la ciudadanía.

Desde el otro lado del ring, Movimiento Ciudadano defiende sus denuncias, negando cualquier intento de limitar derechos. Diego Moreno, representante jurídico del partido, argumenta que las acciones de Morena constituyen un "fraude a la ley electoral". Acusa a Morena de utilizar la figura de "promotores de la 4T" para burlar las restricciones legales previas a las campañas, promoviendo la imagen de sus candidatos sin incurrir, técnicamente, en precampaña. Moreno insiste en que la ley establece plazos claros que deben ser respetados por todos los partidos.

El PRI, por su parte, se suma a la controversia a través de Adolfo Ramírez, presidente del Comité Directivo Estatal en Veracruz. Ramírez expresa su preocupación por la seguridad de los candidatos y candidatas, recordando las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle sobre las amenazas que enfrentan. Considera que la situación actual pone en riesgo la participación ciudadana en el proceso electoral y exige la intervención tanto del gobierno federal como estatal. El PRI solicita la creación de una Comisión Interinstitucional de Seguridad Electoral Municipal y la implementación de un Protocolo Estatal de Protección para Candidatos en Riesgo. Como ejemplo de la gravedad de la situación, Ramírez menciona el caso de María Poizot, aspirante en Tecolutla, quien ha recibido amenazas para que se retire de la contienda. La denuncia formal sobre este caso se presentará próximamente.

La contienda electoral en Veracruz se presenta agitada y polarizada. Las acusaciones cruzadas, las denuncias y la preocupación por la seguridad configuran un escenario complejo en el camino hacia las elecciones. El escrutinio público y la actuación de las autoridades electorales serán claves para garantizar la transparencia y la equidad del proceso.