La justicia, ese pilar fundamental de una sociedad que aspira a la equidad y la protección, se encuentra, en muchos casos, lamentablemente lejos de alcanzar su cometido. En el contexto actual de la elección judicial, la perspectiva de género y la protección de las infancias deben resonar con fuerza como ejes centrales, exigiendo un volantazo urgente en el sistema de impartición de justicia. No podemos permitir que la justicia opere a ciegas, ignorando las realidades de quienes más la necesitan.

El caso del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, ilustra a la perfección esta preocupante realidad. La falta de información desagregada sobre casos de violencia familiar es alarmante. No saber cuántas mujeres han denunciado, cuántas han recibido sentencias favorables, cuántas han sido protegidas con medidas de protección, o cuántos agresores han sido condenados, es una muestra inequívoca de las deficiencias del sistema. Imaginen la magnitud del problema: datos dispersos, agregados sin un orden útil, sin registros nominales ni sistematización de sentencias. ¿Cómo podemos aspirar a una justicia eficaz si ni siquiera podemos medir la magnitud del problema que enfrentamos? Es como navegar en un mar tempestuoso sin brújula ni mapa.

Esta falta de información impide, por ejemplo, conocer cuántas mujeres han logrado la guarda y custodia de sus hijos, cuántas han obtenido pensión alimenticia, o con qué frecuencia se conceden o niegan las medidas de protección. Más grave aún, imposibilita evaluar si las sentencias se dictan con perspectiva de género, si se protege el interés superior de niñas y niños, o si las resoluciones se ajustan a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A esta crisis de información, se suma la preocupante falta de capacitación en materia de género, derechos de la infancia y violencia familiar de quienes imparten justicia. Desconocer la formación, la actualización y el criterio especializado de jueces, juezas y secretarías de acuerdos, es como enviar a un médico a operar sin haber estudiado medicina. ¿Cómo podemos esperar que se imparta justicia con perspectiva de género si quienes la imparten no están debidamente capacitados?

En este contexto, la elección de nuevas personas juzgadoras cobra una relevancia crucial. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿de qué sirve renovar nombres si el sistema sigue igual? El problema no radica únicamente en quién juzga, sino en cómo se juzga. La falta de evaluaciones públicas e internas sobre el actuar de jueces y juezas, la ausencia de revisión de sentencias y la carencia de registros confiables, permiten que quienes han actuado con parcialidad o negligencia continúen dictando resoluciones. Este ciclo vicioso debe romperse. La elección judicial debe ser la oportunidad para impulsar un cambio profundo y no meramente cosmético.

El caso del juez Eduardo Rafael del Moral Rincón, acusado de prevaricación y con carpetas de investigación abiertas en su contra, es un ejemplo paradigmático de esta problemática. A pesar de las acusaciones en su contra, continúa en funciones. Este caso evidencia la incapacidad del sistema para responder ante estas situaciones, incluso para detectarlas a tiempo. La impunidad no puede ser la norma. La justicia debe ser transparente y rendir cuentas.

La elección judicial que se avecina nos presenta una oportunidad única para transformar el sistema. Debemos exigir que las nuevas personas juzgadoras cuenten con una sólida formación en perspectiva de género y derechos de la infancia. Es imperativo implementar mecanismos de evaluación y seguimiento del desempeño judicial, así como sistemas de registro y análisis de datos que permitan identificar patrones de discriminación y violencia. Solo así podremos construir un sistema judicial que esté a la altura de las necesidades de la sociedad y que garantice la protección de las víctimas. El futuro de la justicia está en juego.