La historia de Carlota "N" ha destapado una cloaca de ilegalidad y despojo en el Estado de México, una problemática que se extiende como una sombra sobre la tranquilidad de miles de familias. El valiente trabajo del influencer Yulay ha arrojado luz sobre los mecanismos oscuros que operan tras las invasiones de viviendas, revelando un entramado de corrupción y violencia que exige una respuesta inmediata de las autoridades.

La confesión de "La Rana", el presunto invasor entrevistado por Yulay, es escalofriante. Describe un sistema metódico y perverso, donde la impunidad parece ser la norma. La "campaneada" previa, la identificación de casas vulnerables a través de señales como el pasto crecido o las chapas oxidadas, la infiltración de un "morro" para burlar la flagrancia, todo forma parte de un manual delictivo que se ejecuta con una precisión alarmante. La frase "para invadir una casa necesito 3 minutos. Ya dentro de la vivienda, ya es nuestra" resume la audacia y la sensación de control que tienen estos grupos criminales.

La corrupción, lamentablemente, parece ser el aceite que engrasa esta maquinaria de despojo. "La Rana" relata cómo se soborna a notarios y autoridades para obtener documentos legales de las propiedades usurpadas, consolidando así el robo y perpetuando la injusticia. La venta posterior de estas casas, incluso con documentos apócrifos, expone a otras familias a la incertidumbre y al riesgo de perder su patrimonio.

La magnitud del problema se hace aún más evidente con la revelación de la "nómina" que maneja esta organización criminal. Ochenta mil pesos quincenales destinados a pagar a quienes participan en estas invasiones, demuestran la rentabilidad de este negocio ilícito y la capacidad económica que tienen para operar con impunidad. La cifra de 6 a 8 propiedades invadidas cada quincena, prácticamente una casa cada dos días, es una estadística alarmante que refleja la vulnerabilidad de los ciudadanos ante este tipo de delitos.

El caso de Carlota "N" no puede ser un caso aislado. Es un síntoma de una enfermedad social que corroe el tejido social y vulnera el derecho a la vivienda. La investigación de Yulay ha abierto una ventana a un mundo oscuro que necesita ser investigado y erradicado. Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto, no solo para castigar a los responsables, sino también para implementar medidas preventivas que protejan a las familias del Estado de México de este flagelo. La sociedad civil también tiene un papel fundamental en la denuncia y en la exigencia de justicia. No podemos permitir que la impunidad siga reinando y que el sueño de la casa propia se convierta en una pesadilla para miles de personas.

Es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia y control, que se sancione con severidad a los corruptos que facilitan estas invasiones y que se brinde apoyo legal y psicológico a las víctimas de este delito. La historia de Carlota "N" debe ser un llamado a la acción, una oportunidad para construir un Estado de México más justo y seguro para todos. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por el Estado.