La lucha por la verdad y la justicia en el caso de las personas desaparecidas en México ha sido una batalla larga y ardua. El reciente diálogo con el gobierno federal, tras seis años de insistencia por parte de madres de víctimas y colectivos de búsqueda, representa un avance significativo, un rayo de esperanza en un panorama sombrío. Sin embargo, este paso adelante se ve empañado por la persistente negación de la gravedad del problema por parte de algunas voces, que minimizan la crisis y dificultan la búsqueda de soluciones reales.

La afirmación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cuestiona el señalamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU sobre la naturaleza sistemática y generalizada de las desapariciones en México, genera profunda preocupación. Argumentar que no todas las desapariciones son perpetradas por el Estado no exime la responsabilidad de investigar a fondo cada caso y determinar con precisión la participación de agentes estatales. Esquivar esta responsabilidad con tecnicismos legales solo profundiza el dolor de las familias y la impunidad.

La postura de la presidenta de Morena, al afirmar que el problema de derechos humanos está resuelto, es aún más alarmante. Sus declaraciones, que buscan defender la imagen de los gobiernos emanados de su partido, contradicen la realidad que viven miles de familias que aún buscan a sus seres queridos. Las recomendaciones emitidas por la propia CNDH, incluyendo las Graves, documentan violaciones a derechos humanos cometidas por instituciones del Estado, desde la Guardia Nacional hasta la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. Negar esta evidencia es una ofensa a las víctimas y una obstrucción a la justicia.

Casos emblemáticos como la muerte de la mujer en Delicias, Chihuahua, a manos de la Guardia Nacional, y la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos del Ejército, demuestran la gravedad de la situación. La falta de rendición de cuentas y la minimización de estos hechos por parte de las autoridades agravan la crisis de confianza en las instituciones.

La ausencia de Recomendaciones Graves por desaparición forzada emitidas por la CNDH no implica la inexistencia del problema, sino que refleja la pérdida de credibilidad de este organismo, que parece más preocupado por defender intereses políticos que por proteger los derechos humanos. La misma situación se replica a nivel estatal, donde la colusión entre autoridades y crimen organizado dificulta aún más la investigación de las desapariciones.

El "limbo jurídico" en el que se encuentran las víctimas y sus familias es otra faceta cruel de esta tragedia. La imposibilidad de obtener un acta de defunción sin el cuerpo o restos de la persona desaparecida, aunque hayan transcurrido años, genera un sinfín de obstáculos administrativos y legales. Las familias se ven imposibilitadas de acceder a derechos y beneficios laborales, pensiones, seguros, y realizar trámites esenciales.

La iniciativa de ley que se discute en el Congreso debe abordar esta problemática con urgencia y sensibilidad. Es fundamental que se incluyan mecanismos que permitan a las familias obtener la certeza jurídica que necesitan, simplificando los trámites y reconociendo la realidad de la desaparición. La participación activa de las familias y colectivos de búsqueda en el perfeccionamiento de esta legislación es crucial para garantizar que responda a sus necesidades reales.

La búsqueda de las personas desaparecidas no puede ser un tema de debate político o ideológico. Es una cuestión de derechos humanos, de justicia y de dignidad. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad, investigue a fondo cada caso, sancione a los responsables y brinde el apoyo necesario a las familias. Solo así podremos construir un país donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre la impunidad y el olvido.