La búsqueda de personas desaparecidas en México se enfrenta a un nuevo capítulo, marcado por la apertura al diálogo y la colaboración directa con las familias de las víctimas. El subsecretario Arturo Medina ha enfatizado la importancia crucial de estas conversaciones para enriquecer las estrategias gubernamentales y acercarnos a la verdad. No se trata solo de escuchar, sino de incorporar las propuestas de quienes viven día a día la angustia de la ausencia, de quienes conocen de primera mano las fallas del sistema y pueden aportar soluciones desde la experiencia.

Este nuevo enfoque, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un avance sustancial. Las reuniones con colectivos de diferentes estados, como Puebla, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Baja California, son un claro ejemplo de la voluntad de construir un frente común. En estos encuentros, las familias no solo comparten sus historias y la información que han recabado en sus propias investigaciones, sino que también proponen mejoras concretas a los mecanismos de búsqueda. Este intercambio de información y perspectivas es fundamental para evaluar la eficacia de las acciones actuales y corregir el rumbo cuando sea necesario.

La empatía y la solidaridad son pilares fundamentales de este nuevo paradigma. El subsecretario Medina ha sido enfático al respecto: los funcionarios que no sean capaces de comprender el dolor y la urgencia de las familias no tienen cabida en un gobierno comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha dado ejemplo de esta postura al atender personalmente a las familias, demostrando que la sensibilidad no está reñida con la eficiencia.

El paquete de iniciativas que se discutirá en el Congreso tiene el potencial de ser una herramienta poderosa en la lucha contra la desaparición. Sin embargo, su eficacia dependerá en gran medida de la incorporación de las voces de las familias. Los colectivos han expresado su deseo de contribuir a la construcción de estas leyes, y el gobierno ha abierto las puertas a su participación. Este proceso colaborativo promete no solo enriquecer el contenido de las reformas, sino también fortalecer su legitimidad y asegurar su pertinencia.

La tecnología también juega un papel clave en esta batalla. La propuesta de una CURP con datos biométricos, que incluye huellas dactilares y fotografías, podría ser un instrumento valioso para la identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, es crucial que su implementación se realice con pleno respeto a los derechos individuales y garantizando la privacidad de la información. La adhesión a este sistema debe ser voluntaria, y las familias deben tener la certeza de que sus datos serán utilizados exclusivamente para los fines previstos.

El camino por recorrer es largo y complejo. La impunidad, la corrupción y la falta de coordinación entre las distintas instancias de gobierno son obstáculos que persisten. Sin embargo, la apertura al diálogo, la escucha activa y la voluntad de colaboración entre el gobierno y las familias representan una luz de esperanza en la lucha contra la desaparición de personas en México. La expectativa es positiva, y la construcción de una política más eficaz y humana es posible si se trabaja de la mano con quienes más necesitan justicia. La verdad, la justicia y el apoyo a las familias son los ejes que deben guiar este proceso, y el compromiso del gobierno es fundamental para alcanzarlos.