La reciente decisión de la Sección Instructora de desestimar el juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual gobernador de Morelos, por presunta tentativa de abuso sexual, ha desatado una ola de indignación y preocupación en torno a la procuración de justicia en casos de violencia de género. Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) han tomado la delantera, exigiendo transparencia y respuestas contundentes por parte del Fiscal de Morelos, Édgar Antonio Maldonado Ceballos. La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, ha presentado un punto de acuerdo para que el Fiscal comparezca ante la Comisión de Igualdad y explique detalladamente cómo se pretenden enmendar las fallas detectadas en la integración de la carpeta de investigación.

Este caso, más allá de la figura pública involucrada, pone de manifiesto una problemática mucho más profunda y preocupante: la vulnerabilidad de las víctimas de delitos sexuales y la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y persecución de estos crímenes. La diputada Luna Ayala ha subrayado la importancia de que la investigación sea diligente, proactiva y profesional, que busque la verdad y recaude todos los indicios necesarios, incluyendo entrevistas a testigos presenciales. No se trata de una simple formalidad, sino de una obligación de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas.

La decisión de la Sección Instructora, según la diputada Luna Ayala, se basa en argumentos endebles y deja entrever un posible pacto de impunidad para proteger a uno de sus integrantes. Este tipo de situaciones alimentan la desconfianza en las instituciones y perpetúan la cultura de la impunidad que tanto daño hace a nuestra sociedad. Las cifras son alarmantes: más de 21 mil mujeres denunciaron violaciones tan solo en 2024, pero se estima que el 90% de los casos no se denuncian, y del porcentaje que sí lo hace, el 40% queda impune. Estos números desnudan una dolorosa realidad que afecta a miles de mujeres en todo el país y que exige una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades.

La solicitud de comparecencia del Fiscal no busca un simple acto de escarnio público, sino una rendición de cuentas clara y precisa. Se necesita saber qué medidas concretas se implementarán para corregir los errores cometidos en la investigación y garantizar que casos similares no se repitan en el futuro. La pregunta crucial que plantea la diputada Luna Ayala es: ¿cuándo se volverá a presentar la solicitud de desafuero y cómo se abordarán las inconsistencias detectadas en la carpeta de investigación?

En cuanto a la posible participación de la víctima en este proceso, la diputada Luna Ayala ha sido enfática en señalar que se respetará su decisión y solo se la convocará si ella o su abogado lo solicitan. El objetivo no es revictimizarla ni convertir un caso tan delicado en un espectáculo mediático. Lo prioritario es garantizar su seguridad, bienestar y acceso a la justicia. El caso de Cuauhtémoc Blanco trasciende las implicaciones políticas y se convierte en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia de género en México. La sociedad exige justicia y respuestas. Es momento de que las instituciones demuestren su compromiso con la verdad y la protección de las víctimas.