La historia de Carlota nos golpea como un mazazo en el rostro, un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestra convivencia y de la profunda crisis que atraviesa nuestro sistema de justicia. Una mujer de 74 años, arrebatada de lo que le pertenecía, decide tomar la justicia en sus propias manos. Dos vidas segadas, una herida, y una sociedad que se debate entre la indignación y una perturbadora empatía hacia la victimaria. No se trata de justificar la violencia, sino de entender el caldo de cultivo que la propicia. ¿Cómo llegamos a este punto donde la autodefensa se percibe como una salida, donde el “ojo por ojo” resuena con una fuerza aterradora?

El caso de Carlota no es un hecho aislado. Se inserta en una larga cadena de omisiones, de impunidad, de una burocracia asfixiante que ha minado la fe en las instituciones. Recordemos el caso de José Luis Nieto Ávila en 2002, un hombre que, llevado al límite por la obstrucción de una vía pública, cometió un acto atroz. La reacción entonces fue unánime: repudio y condena. Hoy, ante un acto similar, la respuesta es inquietantemente diferente. Se escuchan voces que comprenden, que justifican, que incluso aplauden la acción de Carlota. ¿Qué ha cambiado en estos años? La respuesta es compleja, pero apunta a una creciente desconfianza hacia un sistema que se percibe como lento, ineficaz y corrupto.

Vivimos en una sociedad hastiada de la impunidad, donde la justicia parece un privilegio reservado para unos pocos. La gente se siente abandonada, desprotegida, y ante la falta de respuestas, la desesperación se convierte en un peligroso combustible. El caso de Carlota es un síntoma, una señal de alarma que debemos atender con urgencia. No podemos permitir que la violencia se normalice, que el “ojo por ojo” se convierta en la norma.

La justicia por mano propia no es justicia, es venganza. Es una espiral descendente que nos arrastra a un estado de barbarie. No podemos construir una sociedad justa sobre la base del miedo y la violencia. Necesitamos un sistema judicial que funcione, que proteja a las víctimas, que castigue a los culpables y que, sobre todo, inspire confianza.

El debate sobre la reforma del sistema judicial cobra hoy una relevancia crucial. Debemos fortalecer las instituciones, agilizar los procesos, combatir la corrupción y garantizar el acceso a la justicia para todos. No se trata solo de leyes, se trata de cambiar la cultura de la impunidad, de construir una sociedad donde la ley sea el árbitro y no la venganza.

El caso de Carlota nos interpela a todos. Es un llamado a la reflexión, a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la desesperación se apodera de la sociedad. Debemos trabajar juntos para construir un país donde la justicia sea una realidad y no una quimera. La paz no se construye con balas, se construye con justicia, con instituciones sólidas y con una ciudadanía comprometida. Es nuestra responsabilidad, es nuestro futuro. ¿Qué estamos dispuestos a hacer?