La seguridad de nuestro país se construye desde las bases, y esas bases son nuestros policías estatales y municipales. Es inaudito pensar que quienes arriesgan su vida a diario para proteger a la ciudadanía, perciban salarios que no les permiten cubrir sus necesidades básicas. El senador Agustín Dorantes Lámbarri ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que la reforma Constitucional de salario digno dejó fuera a este sector crucial. Un 70% de las policías estatales pagando menos de 20,000 pesos al mes es una cifra alarmante, una muestra palpable de la desatención que han sufrido. ¿Cómo podemos esperar que nuestros policías combatan la delincuencia con eficacia si no les proporcionamos las herramientas y la remuneración adecuada? Es como pedirles que luchen con las manos atadas.

La disparidad en la inversión en seguridad entre estados es otro factor preocupante. La comparación que hace el senador Dorantes Lámbarri entre Oaxaca y Querétaro es reveladora. Mientras un estado invierte una cantidad considerable en su policía local, otro apenas destina una fracción de ese presupuesto. Esta desigualdad genera un desequilibrio en la capacidad de respuesta ante el crimen y perpetúa un ciclo de inseguridad en las regiones más desfavorecidas. No podemos permitir que la seguridad se convierta en un privilegio geográfico.

La propuesta del senador no se limita a un simple aumento salarial. Se trata de una visión integral que busca dignificar la labor policial, dotándolos de un salario digno, seguro de gastos médicos, seguro de vida, herramientas, tecnología e inteligencia. Es una inversión necesaria para fortalecer nuestras instituciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos. No se trata de mandar a la guerra sin fusil a quienes nos protegen, sino de equiparlos para que puedan enfrentar los desafíos de la delincuencia con las herramientas adecuadas.

Pero la seguridad no se limita a la lucha contra el crimen organizado. También debemos proteger a nuestros niños y jóvenes de los peligros que acechan en el mundo digital. La iniciativa del senador Dorantes Lámbarri para regular el acceso de menores a las redes sociales es un paso importante en esa dirección. El debate que seguramente generará esta propuesta en el Senado es fundamental para construir una regulación que proteja a nuestros menores sin coartar su libertad de expresión.

La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los niños es legítima. Estudios de prestigiosas instituciones como Harvard y la OMS han alertado sobre el aumento de la ansiedad, la depresión e incluso los pensamientos suicidas en menores expuestos a contenidos dañinos en línea. No podemos ignorar estas señales de alarma. Es nuestro deber como sociedad proteger a las nuevas generaciones de los riesgos del ciberespacio.

El parlamento abierto propuesto por el senador es una excelente oportunidad para escuchar las voces de todos los involucrados: educadores, padres de familia, expertos en tecnología y los propios jóvenes. Solo a través del diálogo y la colaboración podremos construir un marco regulatorio eficaz que proteja a nuestros niños sin limitar su acceso a las herramientas digitales que son parte fundamental de su desarrollo en el siglo XXI.

La propuesta de no permitir el uso de teléfonos inteligentes en escuelas básicas también generará controversia. Sin embargo, es importante analizar los beneficios que esta medida podría traer en términos de seguridad y concentración en el aula. No se trata de prohibir la tecnología, sino de regular su uso en entornos educativos para garantizar un aprendizaje óptimo y prevenir riesgos. El objetivo final es claro: proteger a nuestros niños y jóvenes, tanto en el mundo físico como en el digital, para que puedan desarrollarse plenamente y construir un futuro mejor para todos.