Navegar el intrincado mundo de las elecciones judiciales en México requiere una comprensión profunda de las reglas que rigen el uso de recursos por parte de las personas candidatas. En este proceso, se distingue una peculiaridad fundamental: la prohibición del uso de recursos públicos o de origen privado, ya sean humanos, materiales o financieros. Únicamente se permite el uso de recursos personales, sujetos a los límites establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta limitación, si bien busca garantizar la equidad y transparencia en la contienda, plantea un desafío significativo para las personas aspirantes. Imaginemos la situación: una persona candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un tope de gastos de $1,468,841.33, se ve en la necesidad de contratar servicios de publicidad, asesoría legal, o incluso el alquiler de espacios para eventos. ¿Cómo puede competir con la visibilidad y alcance de campañas políticas tradicionales, financiadas con recursos públicos?

La normativa establece que las operaciones relacionadas con gastos que igualen o superen el 30% del tope personal deben ser contratadas con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del INE. Este registro, concebido para las elecciones federales de diputados, senadores y presidente, agrupa a proveedores que habitualmente trabajan con partidos políticos, financiados con recursos públicos, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes.

Esta situación crea una paradoja: las personas candidatas a cargos judiciales, financiadas con recursos propios, se ven obligadas a recurrir a un grupo selecto de proveedores, acostumbrados a operar con presupuestos significativamente mayores y, a menudo, con costos más elevados que los del mercado general. Se genera así una especie de círculo vicioso, donde los recursos personales de las personas candidatas se canalizan hacia un grupo privilegiado de proveedores, limitando la competencia y potencialmente encareciendo los costos de campaña.

Surge entonces la pregunta: ¿es este sistema el más eficiente y equitativo? ¿No sería más beneficioso para la sociedad y para las propias personas candidatas una mayor flexibilidad en la contratación de servicios? Permitir que las personas candidatas accedan a un mercado más amplio de proveedores, con precios más competitivos, podría optimizar el uso de sus recursos personales y, al mismo tiempo, dinamizar la economía al incluir a más actores en el proceso.

Este escenario plantea un dilema crucial: ¿cómo equilibrar la necesidad de transparencia y equidad con la eficiencia en el uso de los recursos y la apertura a un mercado más competitivo? La reflexión es necesaria, pues la forma en que se financian las campañas judiciales tiene un impacto directo en la calidad de la justicia y en la confianza ciudadana en las instituciones. Es un tema que merece un debate profundo y una revisión exhaustiva, con el objetivo de encontrar soluciones que fortalezcan el sistema judicial y garanticen la participación equitativa de todas las personas candidatas.