La oscuridad que envuelve el robo masivo de electricidad en Necaxa, Puebla, nos revela un entramado complejo donde la corrupción y la ambición se entrelazan. No hablamos de simples "diablitos" colgados de las líneas eléctricas, sino de una sofisticada operación de "huachicoleo eléctrico" a escala industrial, destinada a alimentar una granja de criptominería capaz de iluminar una pequeña ciudad. Este descubrimiento destapa una caja de Pandora que nos obliga a preguntarnos: ¿quiénes son los verdaderos cerebros detrás de esta trama?

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con su historia ligada a la extinta Luz y Fuerza del Centro y su profundo conocimiento del sistema hidroeléctrico de Necaxa, se encuentra en el ojo del huracán. Si bien el sindicato se deslinda de cualquier implicación, la sombra de la duda se cierne sobre ellos. ¿Es posible que una operación de esta magnitud se lleve a cabo en sus narices sin su conocimiento? ¿O acaso existen miembros dentro de la organización que, seducidos por las promesas de las criptomonedas, han traicionado la confianza depositada en ellos?

Las investigaciones apuntan a la posible participación de figuras políticas locales, lo que añade otra capa de complejidad al caso. Si se confirma su implicación, estaríamos hablando de una red de corrupción que se extiende hasta las esferas del poder, utilizando los recursos públicos para beneficio propio. Este escenario nos recuerda la fragilidad de nuestras instituciones y la necesidad de una vigilancia constante para evitar que sean utilizadas para fines ilícitos.

La magnitud del robo de electricidad es alarmante. No se trata de un delito menor, sino de un saqueo sistemático que afecta directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por ende, a todos los mexicanos. Las pérdidas millonarias que registra la CFE por el huachicoleo eléctrico se traducen en un aumento en las tarifas y en una menor inversión en infraestructura, perjudicando a la población en general.

El minado de criptomonedas, con su voraz apetito energético, se ha convertido en un imán para aquellos que buscan enriquecerse rápidamente, sin importar las consecuencias. La elección de Necaxa, con su abundante energía hidroeléctrica, no es casualidad. Los responsables de esta operación sabían que allí encontrarían la materia prima necesaria para alimentar sus máquinas y generar ganancias ilícitas.

La complejidad técnica del minado de criptomonedas y la inversión que requiere hacen pensar que detrás de esta operación se encuentra un grupo organizado con amplios recursos y conocimientos. La posibilidad de que el crimen organizado esté involucrado, utilizando las criptomonedas para lavar dinero, es una hipótesis que las autoridades deben investigar a fondo.

El caso de Necaxa no es un hecho aislado. Se han reportado casos similares de huachicoleo eléctrico para criptominería en otras regiones del país, lo que sugiere la existencia de una red criminal que opera a nivel nacional. Es imperativo que las autoridades actúen con contundencia para desmantelar estas redes y llevar a los responsables ante la justicia. La transparencia en la investigación y el castigo ejemplar a los culpables son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y enviar un mensaje claro de que este tipo de delitos no quedará impune. El futuro de nuestro sistema eléctrico y la estabilidad económica del país dependen de ello. El tiempo corre y la sociedad exige respuestas. ¿Estarán a la altura las autoridades?