La sombra de la incertidumbre se cierne sobre miles de familias mexicanas. La cifra, escalofriante, de 127,049 personas desaparecidas, según el Registro Nacional, es solo la punta del iceberg. Un iceberg de dolor, angustia y desesperación que ha crecido a la sombra de la negligencia y la indiferencia. Se habla incluso de que, en estados como Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, la realidad es aún más cruda: por cada persona reportada como desaparecida, siete familias guardan silencio, presas del miedo. Un miedo comprensible ante la desprotección y la falta de respuestas.

El anterior gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no solo minimizó la tragedia, sino que intentó ocultar la magnitud del problema, cuestionando incluso la labor de las organizaciones que, con valentía y tenacidad, buscan a sus seres queridos. La destitución de Karla Quintana, entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, es un ejemplo claro de esta política de evasión. Una política que dejó a su paso un reguero de dolor y frustración.

Hoy, con la llegada de un nuevo gobierno, se abre una ventana de esperanza. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha reconocido la falla y ha prometido tomar al toro por los cuernos. Las recientes reuniones con madres buscadoras, como Indira Navarro, líder de un colectivo en Jalisco, son un primer paso, un rayo de luz en la oscuridad. El diálogo, la escucha atenta y el compromiso de trabajar en conjunto son fundamentales para sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde la búsqueda de la verdad y la justicia sea una prioridad.

El camino es largo y está lleno de retos. La desarticulación entre los gobiernos estatales, las fiscalías locales y las comisiones de búsqueda es un obstáculo que debe ser superado. La indolencia y la negligencia de algunos funcionarios, que han antepuesto intereses políticos a la vida y la seguridad de las personas, deben ser erradicadas. La advertencia de Rosa Icela Rodríguez es clara: o se ponen las pilas o se van. Y no solo eso, se fincarán responsabilidades legales a quienes maltraten a los familiares de las víctimas. Un mensaje contundente que envía una señal clara: la impunidad no será tolerada.

Mientras tanto, en el escenario político, otra tormenta se avecina. La senadora Andrea Chávez se encuentra en el ojo del huracán, acusada por el uso de camiones para llevar servicios de salud a comunidades de Chihuahua. Vehículos que presuntamente fueron adquiridos a un empresario cercano a Adán Augusto López, jefe de Morena en el Senado. El PAN ha interpuesto denuncias y la controversia crece. En medio de este torbellino, la Presidenta ha lanzado un llamado a la calma, a la ética y al trabajo. Un llamado a no adelantar tiempos y a concentrarse en lo que realmente importa: servir al pueblo. ¿Será escuchado este llamado? El tiempo lo dirá.

En este complejo panorama, la valentía de las madres buscadoras brilla con luz propia. Su lucha incansable por encontrar a sus seres queridos es un ejemplo de coraje y perseverancia. Frente a la adversidad, no se rinden. Frente al silencio y la indiferencia, alzan la voz. Su fuerza y determinación nos inspiran a todos. Son ellas, las madres buscadoras, las verdaderas heroínas de esta historia. Y frente a su valentía, la cobardía de los funcionarios indolentes se hace aún más evidente.