En un fallo que promete agitar el panorama electoral judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado la prohibición impuesta por el INE a servidores públicos para promover las elecciones judiciales. La decisión, tomada por voto dividido, abre la puerta a que los Poderes de la Unión, estatales, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y servidores públicos en general, puedan participar activamente en la promoción del proceso.

Este giro en la normativa electoral ha generado un intenso debate. La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, junto con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, argumentaron que el INE no ostenta la exclusividad en la promoción del voto. Soto Fregoso fue contundente al afirmar que “silenciar a la ciudadanía está en contra de la democracia”, defendiendo la participación de las autoridades en la difusión del proceso electoral.

El resolutivo subraya que la prohibición impuesta por el INE era “indebida”, ya que no existe fundamento legal para restringir la participación de los poderes de la unión en la promoción de la elección de jueces. Sin embargo, se han establecido límites claros: la promoción no debe traducirse en un respaldo a candidaturas específicas ni en el uso de recursos públicos para favorecer a ciertos aspirantes.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña aclaró que la promoción permitida se circunscribe a materiales educativos que informen a la ciudadanía sobre el proceso y la fecha de la elección, sin incluir nombres o imágenes de candidatos o partidos políticos. Esta precisión busca evitar cualquier sesgo o influencia indebida en el electorado.

Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes Barrera destacó la importancia de fomentar la participación ciudadana en un tipo de elección con la que la población no está familiarizada. Argumentó que, a diferencia de las elecciones convencionales, en las judiciales no se utilizan recursos públicos para las campañas, por lo que es crucial que las instituciones contribuyan a la difusión y alienten el voto informado.

La decisión, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Las magistradas Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra, expresando su preocupación por las implicaciones de la nueva normativa. Otálora Malassis advirtió sobre el riesgo de que la propaganda generada por servidores públicos opaque la labor del INE, mientras que Rodríguez Mondragón planteó la posibilidad de que la promoción por parte de los Poderes de la Unión sea percibida como un apoyo a las candidaturas que ellos mismos propusieron.

Este fallo del TEPJF abre un nuevo capítulo en la historia electoral de México, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la promoción del voto y la imparcialidad del proceso. El debate sobre la participación de los servidores públicos en la difusión de las elecciones judiciales continuará, y sus efectos en la configuración del Poder Judicial se verán en los próximos meses. La ciudadanía, ahora más que nunca, tiene el reto de informarse y participar activamente en la construcción de un sistema judicial transparente y democrático.