La desaparición forzada de personas en México es una tragedia que nos lacera como sociedad. El anhelo de encontrar a quienes nos faltan es un clamor que resuena en cada rincón del país. Ante esta dolorosa realidad, la iniciativa presentada en el Senado, si bien busca atender la urgencia de la búsqueda, despierta serias preocupaciones sobre el equilibrio entre la necesidad de justicia y la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

La creación de una Plataforma Única de Identidad, con la ambición de concentrar un volumen masivo de datos personales, desde biométricos hasta religiosos, plantea interrogantes cruciales. En un país donde las filtraciones de información sensible no son un escenario hipotético, sino una lamentable realidad, y donde la ciberseguridad aún presenta importantes retos, esta plataforma podría convertirse en un blanco vulnerable para la delincuencia. ¿Qué garantías existen para la protección de estos datos? ¿Cómo se evitará el mal uso de esta información? La falta de claridad en los controles y la supervisión externa genera una profunda desconfianza.

La propuesta de convertir la CURP en el único documento de identificación nacional, con la inclusión de fotografía y huellas dactilares, y su obligatoriedad para trámites públicos y privados, también suscita inquietudes. Si bien se menciona el consentimiento del ciudadano, la imposición de su uso universal y forzoso lo diluye considerablemente. Además, la incertidumbre sobre el futuro de la credencial para votar abre la puerta a posibles implicaciones en el ámbito electoral, que merecen una discusión seria y profunda.

La autorización para realizar cateos sin orden judicial es otro punto que exige un análisis cuidadoso. Si bien la investigación de desapariciones es una tarea urgente y delicada, la figura del juez como garante de las libertades ciudadanas es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Ninguna circunstancia, por más apremiante que sea, justifica su desplazamiento.

Es fundamental que la búsqueda de las personas desaparecidas no se convierta en un pretexto para vulnerar los derechos de todos. El dolor de las familias no puede ser utilizado para justificar medidas que pongan en riesgo la privacidad y la libertad de los mexicanos. La justicia no se construye a partir del autoritarismo digital ni de la vigilancia masiva. Necesitamos, sí, instituciones fuertes y eficientes, pero también ciudadanos libres y protegidos.

La participación de familiares y colectivos en la investigación y búsqueda es crucial. No pueden ser relegados a un papel pasivo, sino que deben ser considerados actores clave en este proceso. Es necesario implementar mecanismos que les permitan involucrarse activamente, con el apoyo y la protección que requieren. Asimismo, es fundamental atender las causas de fondo de la desaparición, como los engaños laborales, el desplazamiento forzado y el reclutamiento por parte del crimen organizado.

La iniciativa de ofrecer beneficios penales a cambio de información, si bien puede ser una herramienta para romper pactos de silencio, también conlleva el riesgo de alentar falsos testimonios. Es imperativo que se realice un análisis riguroso de política criminal para evitar consecuencias indeseadas.

El diálogo, la transparencia y la participación ciudadana son esenciales para construir una política de búsqueda robusta, eficaz y respetuosa de los derechos humanos. La voz de las familias, los colectivos y los expertos debe ser escuchada y atendida. Solo así podremos avanzar hacia un México donde la justicia y la libertad se complementen, y donde la búsqueda de las personas desaparecidas se realice con la dignidad y el respeto que merecen.