La polémica decisión del alcalde de Allende, Eduardo Leal, de instalar asadores en las riberas del río Ramos y alentar a la población a usarlos, a pesar de la veda de fuego vigente en Nuevo León, ha generado una oleada de críticas y preocupación entre la ciudadanía y las autoridades ambientales. Esta invitación a “encender la llama” y disfrutar de una carne asada, difundida a través de las redes sociales del propio edil, contradice directamente el decreto estatal que prohíbe el uso del fuego en zonas boscosas y cercanas a la Sierra Madre, precisamente para prevenir incendios forestales. La vigencia de esta medida, que abarca el periodo vacacional, busca proteger áreas naturales vulnerables como Chipinque, La Huasteca y el Parque Fundidora, así como los municipios aledaños al Cerro y Río La Silla, incluyendo Guadalupe y Monterrey, donde también existen asadores públicos que deberán permanecer apagados.

La justificación de la veda, según el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, reside en las condiciones propicias para la propagación del fuego. Las abundantes lluvias de 2024 favorecieron el crecimiento de la vegetación, que si bien sufrió el impacto de las heladas invernales, aún presenta un alto grado de inflamabilidad. Este escenario, sumado a las fuertes rachas de viento características de la temporada, incrementa significativamente el riesgo de incendios forestales de gran magnitud. Por ello, la prohibición no se limita a los asadores, sino que también abarca fogatas y cualquier tipo de quema, incluso las controladas.

La gravedad de la situación se ve reflejada en el Código Penal de Nuevo León, que estipula una pena de hasta nueve años de prisión para quienes provoquen incendios, ya sea de forma accidental o intencional. Esta sanción puede aumentar en cinco años y una multa de mil cuotas si el incendio ocurre en un área natural protegida. El propio Martínez Muñoz ha destacado la importancia de la veda del fuego, un instrumento único a nivel nacional impulsado por el gobernador, que ha demostrado su eficacia en la reducción del impacto de los incendios forestales.

Las cifras proporcionadas por Medio Ambiente, CONAFOR y Protección Civil revelan la magnitud del problema. En 2021, se registraron afectaciones en 32,793 hectáreas, mientras que en 2024 la cifra alcanzó las 2,411 hectáreas. En lo que va de abril, se han contabilizado 477 incendios en lotes baldíos, 87 en casas habitación, 23 en vehículos, 3 en escuelas, 4 forestales, 1 en un edificio, 4 en fábricas o industrias y 11 en comercios.

La situación se agrava con el incendio que actualmente se combate en la Sierra de Arramberri, un siniestro de grandes proporciones que requiere de un esfuerzo conjunto por tierra y aire para su control. Ante este panorama, la decisión del alcalde de Allende resulta aún más irresponsable, poniendo en riesgo no solo el patrimonio natural de la región, sino también la seguridad de la población. Se espera que las autoridades estatales intervengan para hacer cumplir la veda del fuego y evitar que la imprudencia de unos pocos tenga consecuencias devastadoras para todos. La pregunta que queda en el aire es: ¿prevalecerá la responsabilidad colectiva o la negligencia individual? El futuro de nuestros bosques depende de la respuesta.