La sombra de la extorsión se cierne sobre el Estado de México. La Operación Enjambre, como un enjambre de abejas incansables, ha propinado un nuevo golpe a las redes criminales que operan en la región, dejando al descubierto la presunta implicación de figuras políticas y empresariales en una trama de chantajes y amenazas. Cinco nuevas detenciones sacuden los cimientos de la confianza ciudadana, entre ellas la del síndico en funciones de Aculco, José Humberto “N”, un cargo de alta responsabilidad que ahora se ve manchado por la sospecha.

La noticia corre como la pólvora, generando un clima de incertidumbre y preocupación. Operativos simultáneos en Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras y Toluca, desplegando un imponente contingente de fuerzas federales y estatales –Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Secretaría de Seguridad–, han culminado con la captura de estos cinco individuos, acusados de tejer una red de extorsión que se extendía como una telaraña, atrapando a comerciantes y autoridades locales.

La Familia Michoacana, una organización criminal de triste renombre, emerge como el telón de fondo de estas detenciones. Según las investigaciones, los acusados utilizaban sus cargos públicos o sus influencias para exigir dinero a nombre del grupo criminal, un modus operandi que sembraba el terror entre sus víctimas, obligadas a pagar por su seguridad y su derecho a trabajar.

El caso del síndico de Aculco y del ex director de Seguridad Pública del mismo municipio resulta especialmente alarmante. ¿Cómo es posible que quienes juraron proteger a la ciudadanía se conviertan en sus verdugos? Las acusaciones son graves: exigir dinero a comerciantes a cambio de “protección” y utilizar la violencia para cobrar las extorsiones. Aún más inquietante es la presunta manipulación de contratos de obra pública para beneficio propio. La confianza en las instituciones se ve seriamente erosionada cuando quienes las representan se convierten en parte del problema.

La trama se complica con la detención del ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, Ari Patrick “N”, y su hermano Baltazar “N”. Junto a Guillermina “N”, una comerciante de la zona, se les acusa de extorsionar a propietarios de tortillerías en Tenancingo y Malinalco. Un negocio tan básico como el de las tortillas, alimento fundamental en la dieta mexicana, se convertía en el objetivo de estas prácticas criminales. Impedir la apertura de un negocio por negarse a pagar el "derecho de piso" y obligar a los comerciantes a comprar insumos a precios inflados, son acciones que demuestran la crueldad y la avaricia de estos individuos.

Con estas cinco nuevas detenciones, la Operación Enjambre alcanza la cifra de 58 personas capturadas desde su inicio en noviembre de 2024. La lucha contra la extorsión en el Estado de México se intensifica, pero la batalla está lejos de terminar. La justicia deberá seguir su curso, garantizando un proceso transparente y apegado a derecho para todos los implicados. Mientras tanto, la sociedad exige respuestas y medidas contundentes para erradicar este cáncer que corroe la economía y la tranquilidad de los mexiquenses. ¿Será la Operación Enjambre la solución definitiva o solo un paso más en un largo camino hacia la justicia? El tiempo lo dirá.