La tragedia ocurrida en el festival Axe Ceremonia ha desatado una oleada de interrogantes y una profunda preocupación en la sociedad. La muerte de dos jóvenes, Berenice y Miguel, exige una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca las circunstancias que rodearon este lamentable suceso. Las declaraciones del alcalde Mauricio Tabe abren una serie de inquietantes posibilidades que deben ser analizadas a fondo. Su afirmación de que los jóvenes llegaron al hospital sin vida plantea la crucial pregunta: ¿dónde y cuándo exactamente perdieron la vida?

Si, como sugiere el alcalde, Berenice y Miguel fallecieron en el recinto del festival, la responsabilidad de los organizadores se agrava considerablemente. El protocolo en estos casos es claro: preservar la escena del incidente hasta la llegada de las autoridades competentes para realizar el peritaje correspondiente. El traslado de los cuerpos sin la autorización de la Fiscalía representa una grave irregularidad que podría obstaculizar la investigación y dificultar el acceso a la verdad. Imaginemos la angustia de las familias ante la incertidumbre y la falta de información precisa sobre los últimos momentos de sus seres queridos. ¿Qué tipo de asistencia médica recibieron en el lugar? ¿Se actuó con la diligencia necesaria ante la emergencia? Estas preguntas claman por respuestas.

La versión de Tabe sobre la verificación realizada por Protección Civil el viernes previo al evento añade otra capa de complejidad al caso. Si, como afirma, las grúas –elementos que aparentemente jugaron un papel crucial en la tragedia– no estaban presentes durante la inspección, surge la incógnita de cuándo y bajo qué autorización se instalaron. ¿Existió una supervisión adecuada por parte de las autoridades? ¿Se cumplieron todos los protocolos de seguridad? La ausencia de estas grúas en la verificación inicial plantea serias dudas sobre el control y la vigilancia ejercidos sobre el evento.

La masividad del festival, con 45 mil asistentes, introduce un elemento adicional a considerar. La decisión de no realizar un desalojo inmediato tras el incidente, argumentada por el alcalde para evitar una posible estampida, debe ser analizada con detenimiento. ¿Se implementaron medidas alternativas para garantizar la seguridad de los asistentes? ¿Se comunicó la situación de manera efectiva a la multitud? En situaciones de emergencia, la comunicación clara y la gestión eficiente de las multitudes son cruciales para prevenir el pánico y proteger la integridad de las personas.

La posible politización del tema, denunciada por el alcalde, es un factor preocupante que podría desviar la atención del foco principal: la búsqueda de la verdad y la justicia para Berenice y Miguel. Es fundamental que las investigaciones se lleven a cabo con imparcialidad y rigor, alejadas de cualquier interés partidista. La sociedad exige respuestas y responsabilidades. No podemos permitir que este trágico suceso se convierta en un instrumento de confrontación política. La memoria de las víctimas y el dolor de sus familias merecen respeto y un compromiso inquebrantable con la verdad. Es imperativo que las autoridades actúen con transparencia y diligencia para esclarecer lo ocurrido y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir tragedias similares en el futuro. El futuro de la seguridad en eventos masivos depende de ello.