La tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario durante el festival Axe Ceremonia ha conmocionado a la ciudad y desatado una ola de interrogantes que exigen respuestas inmediatas. La pérdida de dos jóvenes periodistas, Berenice Giles y Miguel Hernández, en pleno ejercicio de su profesión, nos obliga a una profunda reflexión sobre la seguridad en eventos masivos y la responsabilidad de las autoridades en su supervisión.

El alcalde Mauricio Tabe, en sus declaraciones a El Heraldo de México, ha expresado su consternación y ha exigido una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía capitalina. Sus palabras reflejan la indignación de una comunidad que busca justicia y que no se conformará con medias tintas. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo es posible que una estructura colapse en un evento de tal magnitud, donde se supone que se implementan rigurosos protocolos de seguridad?

La controversia se agudiza con las declaraciones del alcalde respecto al traslado de los cuerpos de los periodistas. Su llegada sin vida al Hospital Rubén Leñero plantea serias dudas sobre la actuación de los organizadores del festival. ¿Se siguieron los procedimientos adecuados? ¿Se esperó la llegada de los peritos, tal como lo exige la ley? Estas son preguntas cruciales que la investigación deberá esclarecer.

La revelación de que las estructuras colapsadas no estaban contempladas en el plan original presentado por los organizadores añade otra capa de complejidad al caso. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una grave negligencia, una violación flagrante de las normas de seguridad que puso en riesgo la vida de miles de asistentes. ¿Quién autorizó estas modificaciones? ¿Quién supervisó su implementación? La Fiscalía tendrá la ardua tarea de desentrañar esta madeja de responsabilidades.

El alcalde Tabe ha insistido en que la alcaldía Miguel Hidalgo participó en las verificaciones previas al evento, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX ha insinuado la posible responsabilidad de la alcaldía por faltas en el proceso de verificación. Este cruce de acusaciones pone de manifiesto la necesidad de una investigación imparcial y transparente que determine con precisión dónde estuvieron las fallas.

La magnitud de la tragedia, con 45 mil personas presentes en el momento del colapso y una expectativa de 100 mil asistentes para el día siguiente, nos hace pensar en las consecuencias que podrían haber sido aún más devastadoras. La decisión de las autoridades de controlar el desalojo para evitar un mal mayor fue, sin duda, una medida acertada ante la emergencia.

Más allá de las responsabilidades individuales, este lamentable suceso nos obliga a repensar la forma en que se organizan y supervisan los eventos masivos en nuestra ciudad. Necesitamos protocolos más rigurosos, controles más estrictos y una mayor coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales. La memoria de Berenice y Miguel nos exige que aprendamos de esta tragedia y que hagamos todo lo posible para que nunca más se repita. Su partida no puede ser en vano. Debemos convertir este dolor en un impulso para construir una ciudad más segura para todos.