La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en contra de la posibilidad de ataques con drones por parte del gobierno de Estados Unidos a cárteles mexicanos ha reavivado el debate sobre la mejor estrategia para combatir el narcotráfico. Sheinbaum Pardo, con firmeza y claridad, reiteró la postura de México: un rotundo no a la intervención extranjera. Esta posición, fundamentada en la soberanía nacional y el principio de no injerencia, refleja una preocupación latente en la relación bilateral: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación en materia de seguridad sin traspasar la línea de la autonomía?

La jefa del Ejecutivo no se limitó a expresar su desacuerdo. Fue más allá, argumentando que este tipo de acciones, lejos de solucionar el problema, podrían exacerbarlo. La historia, lamentablemente, nos ha mostrado una y otra vez que las intervenciones militares, por más bien intencionadas que parezcan, a menudo generan consecuencias imprevistas y desestabilizan aún más las regiones afectadas. En este caso, la posibilidad de ataques con drones plantea serias interrogantes sobre la seguridad de la población civil, el respeto a los derechos humanos y la eficacia real de la medida.

Sheinbaum Pardo propone una alternativa: un enfoque integral que ataque las raíces del problema. La atención a las causas que originan el narcotráfico, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad social, debe ser la piedra angular de cualquier estrategia efectiva. Aunado a esto, la mandataria enfatizó la importancia de las detenciones, la investigación, la coordinación entre las autoridades y, crucialmente, la cero impunidad. Este último punto es clave: sin un sistema de justicia sólido y confiable que castigue a los responsables, la lucha contra el crimen organizado se convierte en una batalla perdida.

La mención al "diálogo en temas de seguridad" abre una ventana de esperanza. La colaboración entre México y Estados Unidos es indispensable para combatir este flagelo que afecta a ambos países. Sin embargo, esta cooperación debe basarse en el respeto mutuo, la confianza y la búsqueda de soluciones conjuntas que beneficien a ambas naciones. La postura de México es clara: no a la intervención, sí al diálogo y a la cooperación.

El contexto de esta declaración se torna aún más relevante si recordamos la designación, en enero de este año, de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta medida, que permite al gobierno estadounidense sancionar económicamente a los líderes y cómplices de estos grupos, generó en su momento una fuerte reacción por parte del gobierno mexicano. La preocupación radica en que esta designación podría allanar el camino para acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, precisamente el tipo de acciones que la presidenta Sheinbaum Pardo rechaza categóricamente.

En definitiva, el debate sobre cómo combatir el narcotráfico continúa abierto. La postura de México, firme y clara, apuesta por la soberanía, la cooperación y un enfoque integral que ataque las causas profundas del problema. El futuro de la relación bilateral en materia de seguridad dependerá, en gran medida, de la capacidad de ambos países para encontrar un terreno común que permita una colaboración efectiva y respetuosa. La pregunta que queda en el aire es: ¿será posible encontrar un equilibrio entre la necesidad de combatir el crimen organizado y el respeto a la soberanía nacional?