La noticia nos tomó por sorpresa, casi de reojo, entre el ruido ensordecedor del ciclo informativo. Mientras debatíamos sobre lo último en redes sociales, el gobierno federal, casi sin darnos cuenta, anunció la incorporación de foto y huellas dactilares a nuestra CURP. "Una actualización", la llaman. Una modernización necesaria, argumentan, para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. Un objetivo loable, sin duda, que resuena con la dolorosa realidad de miles de familias mexicanas. Pero, ¿es solo eso? ¿O hay algo más detrás de esta "actualización"? La historia, lamentablemente, nos invita a la cautela.

No es la primera vez que el Estado mexicano busca centralizar nuestros datos biométricos bajo la promesa de mayor seguridad. Recordemos el RENAUT, aquel registro nacional de usuarios de telefonía móvil que pretendía combatir el secuestro y la extorsión. ¿El resultado? Una base de datos filtrada, vendida en el mercado negro, exponiendo nuestra información a criminales. El fantasma de la repetición nos acecha. Hoy, con la promesa de encontrar a los desaparecidos, se construye una nueva Plataforma Nacional de Identidad, con nuestros rostros, nuestras huellas, nuestra identidad digital a merced de un sistema que ha demostrado ser vulnerable.

La CURP con datos biométricos no es una simple mejora administrativa. Es un cambio de paradigma en la forma en que el Estado nos identifica y nos controla. Imaginemos el poder que otorga tener acceso a una base de datos con los rostros y huellas dactilares de todos los mexicanos. Un poder que, en las manos equivocadas, puede ser utilizado para fines muy distintos a los que se nos prometen.

Es cierto, la posibilidad de identificar a personas desaparecidas, de agilizar trámites, de combatir el fraude, son beneficios tangibles. Pero, ¿a qué costo? ¿Estamos dispuestos a entregar las llaves de nuestra identidad a un Estado que no ha sabido proteger nuestra información? ¿Qué garantías tenemos de que esta información no será utilizada con fines políticos, comerciales, o incluso represivos? Las preguntas flotan en el aire, sin respuestas claras. El gobierno, hasta el momento, se ha limitado a buenas intenciones, a discursos vagos, sin un marco legal sólido que respalde esta medida.

La ausencia de una ley específica, aprobada por el Congreso, que regule la recolección, el uso y la protección de estos datos biométricos, es una señal de alarma. Un decreto, una conferencia de prensa, no son suficientes para garantizar el respeto a nuestros derechos. Necesitamos transparencia, necesitamos controles, necesitamos sanciones. Necesitamos, sobre todo, la certeza de que esta herramienta no se convertirá en un instrumento de vigilancia masiva.

No se trata de oponerse al progreso tecnológico, sino de utilizarlo con responsabilidad, con ética, con respeto a los derechos fundamentales. Se trata de aprender de los errores del pasado, de no repetir las mismas historias de filtraciones y abusos. Se trata de construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de la ciudadanía, y no al revés. El debate apenas comienza. Es nuestra responsabilidad informarnos, cuestionar, exigir respuestas. El futuro de nuestra privacidad, de nuestra libertad, está en juego.