En la Ciudad de México, la sombra de la desaparición de personas se cierne como una tragedia silenciosa que exige atención urgente. Ante esta realidad apremiante, la diputada Daniela Álvarez Camacho, del Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado una iniciativa innovadora que busca transformar el destino de los ingresos provenientes de las multas de tránsito. Su propuesta, que ha resonado con fuerza en el Congreso local, plantea redirigir estos fondos a la Comisión de Búsqueda de Personas Locales, dotándola de recursos cruciales para fortalecer su labor.

La desaparición de un ser querido es un abismo que consume a familias enteras, sumiéndolas en la angustia y la incertidumbre. La búsqueda se convierte en una carrera contra el tiempo, una lucha desesperada por encontrar respuestas y traer de vuelta a quienes faltan. En esta batalla, la Comisión de Búsqueda de Personas Locales se erige como un faro de esperanza, pero su capacidad de acción se ve limitada por la falta de recursos.

Álvarez Camacho argumenta que la actual dependencia del presupuesto general del gobierno expone a la Comisión a fluctuaciones y recortes, poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones. Su iniciativa busca romper con esta precariedad al establecer una fuente de financiamiento constante y predecible. La propuesta no solo asegura la estabilidad financiera de la Comisión, sino que también envía un poderoso mensaje: la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad inquebrantable.

La diputada destaca que la medida también tiene un profundo impacto social. Al vincular las multas de tránsito con la búsqueda de personas desaparecidas, se crea una conexión tangible entre la responsabilidad ciudadana y la solidaridad. Cada infracción vial se convierte en una oportunidad para contribuir a una causa noble, transformando un acto negativo en una acción positiva. Esta iniciativa fomenta una cultura de conciencia social, recordándonos que la seguridad vial y la búsqueda de la verdad son responsabilidades compartidas.

Imaginemos un escenario donde cada multa de tránsito se traduce en recursos para la compra de tecnología de punta para la búsqueda, en la capacitación de personal especializado, en la ampliación de las redes de apoyo a las familias de las víctimas. Esta visión, impulsada por la iniciativa de Álvarez Camacho, no solo fortalece la capacidad de la Comisión de Búsqueda, sino que también teje un lazo de empatía entre la ciudadanía y quienes enfrentan la dolorosa experiencia de la desaparición de un ser querido.

La propuesta de adicionar un artículo 230 Bis al Código Fiscal de la Ciudad de México, que establece la transferencia mensual de los recursos a la Comisión de Búsqueda, ha sido turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictaminación. Se espera que este proceso sea ágil y transparente, y que la iniciativa se convierta en una realidad que marque un antes y un después en la lucha contra la desaparición de personas en la capital.

La iniciativa de Álvarez Camacho no es solo una propuesta legislativa, es un llamado a la acción, una invitación a construir una sociedad más justa y solidaria. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia es un compromiso que nos compete a todos. Es una luz de esperanza en medio de la oscuridad, un paso firme hacia un futuro donde la desaparición de personas sea una tragedia del pasado. Ahora, la responsabilidad recae en el Congreso de la Ciudad de México para que esta iniciativa se convierta en una herramienta eficaz en la búsqueda de quienes han sido arrebatados de sus hogares y de la vida de sus seres queridos. La sociedad espera con ansias la aprobación de esta medida que, sin duda, marcará un hito en la lucha contra la impunidad y la indiferencia.