La reciente reforma judicial en México, que busca erradicar vicios como el nepotismo y la corrupción, plantea interrogantes cruciales sobre la esencia misma de la justicia y los mecanismos para alcanzarla. Si bien la intención de depurar el sistema es loable, la complejidad del tema exige una profunda reflexión antes de implementar cambios drásticos. La historia del pensamiento jurídico nos ofrece un vasto panorama de interpretaciones sobre el concepto de justicia, desde la reciprocidad en las sociedades antiguas, hasta las nociones modernas de derechos naturales e igualdad.

Recordemos a Platón, quien desafió la idea de la reciprocidad, argumentando que la justicia reside en la obediencia a la razón. Su visión, centrada en el individuo y su relación con el Estado, contrasta con la de Aristóteles, quien recupera el concepto de reciprocidad, distinguiendo entre justicia distributiva y correctiva en su Ética Nicomaquea. Posteriormente, los estoicos ampliarían esta noción, trascendiendo las limitaciones sociopolíticas para concebir una justicia universal, aplicable a todas las interacciones humanas.

En un mundo marcado por la desigualdad, figuras como Thomas Hobbes revolucionaron el pensamiento jurídico al postular la igualdad natural de los seres humanos y la existencia de derechos inherentes. Hobbes, además, estableció que el orden social no es natural, sino una construcción humana, lo que abre un debate sobre la legitimidad y la función del Estado. El utilitarismo, por su parte, introdujo la idea de que la cooperación política debe estar guiada por el bienestar general, principio que ha influenciado significativamente la concepción moderna de justicia.

La justicia conmutativa, centrada en la equidad en los intercambios, ha sido fundamental para el desarrollo de políticas fiscales justas, mientras que la justicia distributiva, que busca la proporcionalidad en la asignación de recompensas y castigos, sirve como base para el sistema penal.

En este contexto, el Estado asume la responsabilidad de administrar justicia, utilizando la lógica como herramienta para definir su estructura, funciones y la interacción entre sus componentes. La lógica jurídica, conjunto de principios y métodos que permiten distinguir entre razonamientos jurídicos correctos e incorrectos, es esencial para la creación, ejecución y aplicación de las normas. Este sistema lógico intrínseco al orden legal le permite autocorregirse a través de los mecanismos de impugnación, garantizando así su coherencia y legitimidad. Sin embargo, la eficacia de esta autocorrección depende de la integridad y operatividad de los controles constitucionales y jurisdiccionales. Su obstrucción o eliminación impediría al sistema legal rectificar sus propios errores, poniendo en riesgo la justicia misma.

No basta con la aparente obviedad o la simple invocación del término "justicia". Es imperativo aplicar la lógica jurídica para determinar la validez de los razonamientos y la correcta aplicación de las normas en la resolución de controversias. Sin un razonamiento jurídico sólido y sin equidad, la estabilidad del sistema, tanto a nivel nacional como internacional, se ve comprometida. La lógica jurídica es, por tanto, el pilar fundamental de la justicia, pues sin sus reglas y métodos, la justicia se convierte en una abstracción inalcanzable.

En México, la elección popular de los futuros juzgadores introduce una nueva variable en la ecuación. La justicia, tradicionalmente basada en la aplicación técnica del derecho y la búsqueda de certidumbre, se verá influenciada por la percepción de la ciudadanía. Este cambio plantea desafíos significativos y abre un debate sobre la mejor manera de equilibrar la voluntad popular con la imparcialidad y la experiencia jurídica en la administración de justicia. El futuro del sistema judicial mexicano dependerá de la capacidad para integrar estos elementos de manera efectiva, garantizando la justicia para todos.