La magnitud del reciente decomiso de combustible en Baja California y Tamaulipas, donde se confiscaron millones de litros, nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de nuestras estrategias contra el crimen organizado. Si bien celebramos el éxito operativo de la SEMAR, SEDENA y SSPC, la ausencia de detenidos nos deja con una incómoda sensación de impunidad. ¿Cómo es posible que semejante volumen de combustible ilícito se mueva con tal impunidad, sin que se logre identificar y detener a los responsables? Pareciera que estas redes operan en las sombras, con una coordinación casi fantasmal, evadiendo los controles y la vigilancia de las autoridades. Nos preguntamos si existe una falta de coordinación entre las distintas instancias, si hay filtraciones de información que permiten a los criminales anticiparse a los operativos, o si la corrupción ha permeado las estructuras de seguridad, facilitando estas actividades ilícitas.

El caso de Sergio Carmona, "El Rey del Huachicol", ilustra la complejidad de esta problemática. Si bien su hermano ha confesado ante una corte estadounidense y se ha acogido a un programa de testigo protegido, desentrañar la red de complicidades que permitió el auge de su imperio criminal sigue siendo un desafío. Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un mal mayor que corroe las instituciones y amenaza la seguridad nacional. La confesión del hermano de Carmona, impide a la familia pisar suelo estadounidense, una muestra del alcance transnacional de estas operaciones y la importancia de la cooperación internacional para combatirlas. Nos preguntamos qué grado de penetración han logrado estas redes en las estructuras de poder, tanto a nivel local como federal. ¿Quiénes son los cómplices que les brindan protección e información? ¿Qué medidas se están tomando para desmantelar estas redes y llevar a los responsables ante la justicia?

La presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos en este tema es un llamado de atención que no podemos ignorar. La conexión entre el huachicol y el financiamiento de la producción de fentanilo es alarmante. El dinero obtenido a través del tráfico ilegal de combustible se convierte en combustible para la producción de esta droga, que siembra muerte y destrucción en ambos lados de la frontera. Debemos reconocer que el huachicol no es un delito menor, sino una actividad criminal que alimenta a organizaciones criminales transnacionales. Quitarles esta fuente de financiamiento es esencial para debilitar su capacidad operativa y frenar la producción y distribución de drogas como el fentanilo.

Es imperativo que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos para investigar, perseguir y desmantelar estas redes criminales. No basta con decomisar el combustible; es necesario identificar y capturar a los responsables, desde los operadores en campo hasta los líderes intelectuales y sus cómplices en las esferas del poder. La transparencia en las investigaciones y la rendición de cuentas son fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el estado de derecho. Necesitamos una estrategia integral que combine acciones de inteligencia, operativos de seguridad, reformas legislativas y cooperación internacional para combatir este flagelo que amenaza la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad. El huachicol, como nueva droga en el menú criminal, debe ser combatido con la misma firmeza y determinación que cualquier otra sustancia ilícita. El futuro de nuestro país depende de ello.