La sed de justicia se mezcla con la sed de agua en Ocoyoacac. Tras años de denuncias que parecían evaporarse en el aire, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) finalmente ha desplegado un operativo contra el huachicoleo del agua en siete puntos de la colonia Pirame, un lugar donde la esperanza de un futuro con agua se ha ido secando con la misma rapidez con la que las pipas ilegales la roban.

La imagen de 200 pipas diarias extrayendo el vital líquido, denunciada por los propios vecinos que, hartos de la inacción, se vieron obligados a implementar sus propios puestos de vigilancia, es un crudo recordatorio de la magnitud del problema. Imaginen la escena: una procesión interminable de vehículos, succionando la vida de la comunidad, dejando tras de sí la angustia de la escasez y la impotencia ante la impunidad. ¿Cómo es posible que un recurso tan esencial, un derecho humano fundamental, se convierta en botín de unos cuantos?

La FGJEM, en una acción que muchos califican como tardía, busca ahora sellar las heridas abiertas por años de saqueo. Los cateos en la colonia Pirame son un primer paso, una luz al final del túnel para una comunidad que ha visto cómo sus recursos se desvanecen ante sus ojos. Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿será suficiente?

Las cifras son alarmantes. 37 denuncias presentadas entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, y ninguna judicializada. Un dato que no solo habla de la complejidad del problema, sino también de la posible ineficacia o incluso complicidad de las autoridades. ¿Dónde quedaron esas denuncias? ¿En qué gaveta se archivaron? La sombra de la corrupción se cierne sobre este caso, alimentando la desconfianza y la desesperación de los habitantes de Ocoyoacac.

Ante este panorama desolador, la bancada de Morena en la 62 Legislatura local ha propuesto una medida drástica: agravar el delito de huachicol de agua con penas de hasta 30 años de cárcel y el pago de hasta 25 mil veces el valor de la UMA. Una propuesta que busca poner un alto a la impunidad y castigar con severidad a quienes se lucran con un recurso vital. ¿Será esta la solución definitiva? El debate está abierto.

Mientras tanto, en Ocoyoacac, la comunidad espera con ansias los resultados del operativo. La esperanza renace, aunque teñida por la incertidumbre. La lucha por el agua, por la justicia, continúa. Y la pregunta sigue resonando en el aire: ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar para que el agua deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para todos? El futuro de Ocoyoacac, y de muchas otras comunidades que enfrentan la misma problemática, depende de la respuesta.