La sombra de la deuda se cierne sobre Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Un fantasma de administraciones pasadas que amenaza con paralizar el presente. Nueve millones de pesos, una cifra que resuena como un trueno en las arcas municipales, es lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Un impuesto que, irónicamente, ya fue descontado a los trabajadores del ayuntamiento, pero que nunca llegó a su destino final.

Seis años han transcurrido desde que esta deuda comenzó a gestarse, acumulando recargos como una bola de nieve imparable. Seis años en los que dos administraciones, la del priista Raúl Cruz y la del petista Dante Montaño, presuntamente omitieron enterar los recursos al organismo federal. Un acto que hoy tiene al municipio al borde del colapso financiero, con la amenaza latente de la congelación de sus cuentas bancarias.

Nueve millones de pesos. Una cifra que duele, que indigna. Más de la mitad del presupuesto destinado a obras públicas, 19 millones de pesos, se vería absorbido por esta deuda heredada. Un golpe brutal al erario público, un obstáculo para el desarrollo y el bienestar de la comunidad. ¿Cómo es posible que recursos destinados a mejorar la vida de los ciudadanos terminen perdidos en un laberinto de omisiones y presuntas irregularidades?

El actual presidente municipal, Juan Carlos García, ha tomado las riendas de la situación con determinación. No solo ha expuesto la gravedad del problema, sino que ha propuesto una solución. Asumir el 30% de la deuda con recursos municipales y solicitar el apoyo del gobernador Salomón Jara para cubrir el restante 70%. Una propuesta que busca mitigar el impacto en las finanzas municipales y mantener a flote los proyectos de desarrollo.

Pero la responsabilidad no puede quedar impune. García ha sido claro al respecto: se han interpuesto denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra Raúl Cruz y Dante Montaño. Uno de ellos, actual diputado local, tendrá que enfrentar la justicia, pues en Oaxaca no existe el fuero que lo proteja. La ley debe seguir su curso, la verdad debe salir a la luz.

La situación en Santa Lucía del Camino es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Un llamado a la vigilancia ciudadana, a la exigencia de un manejo responsable de los recursos públicos. El futuro del municipio depende de ello. La esperanza de un futuro próspero, libre de las sombras del pasado, reside en la capacidad de las autoridades y la ciudadanía para trabajar juntos en la construcción de un municipio más justo y transparente. El camino no será fácil, pero la lucha por un mejor futuro para Santa Lucía del Camino vale la pena.