La reciente controversia desatada por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU ha puesto bajo la lupa la compleja situación de las desapariciones en México. La enérgica respuesta del Gobierno mexicano, plasmada en una nota diplomática de rechazo a los señalamientos del Comité, abre un debate crucial sobre la naturaleza de este flagelo y la responsabilidad del Estado.

Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resonando con firmeza desde la conferencia matutina, afirman categóricamente: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”. Esta declaración, cargada de implicaciones, contrasta con la solicitud del Comité de la ONU de resguardar el rancho Izaguirre y los elementos de prueba encontrados en él, un sitio que se ha convertido en símbolo de la tragedia de las desapariciones.

La presidenta argumenta que el fenómeno de la desaparición en México está vinculado principalmente a la delincuencia organizada, un enemigo contra el que su gobierno libra una batalla sin tregua. Señala que se están implementando estrategias en todos los frentes, desde la atención a las víctimas hasta la prevención y el combate directo a este delito. Sin embargo, insiste en diferenciar esta realidad de la desaparición forzada perpetrada desde el Estado, una práctica que, según sus palabras, no existe en el país.

La nota diplomática enviada a la ONU no sólo expresa la inconformidad del Gobierno mexicano, sino que también busca —según la presidenta— clarificar el panorama y combatir el supuesto “desconocimiento” de la comisión sobre la verdadera naturaleza del problema. Se plantea la necesidad de comprender la complejidad del fenómeno, más allá de simplificaciones que podrían llevar a conclusiones erróneas.

La investigación en curso, liderada por la fiscalía con total autonomía, se centra en la búsqueda de la verdad y la lucha contra la impunidad. La presidenta destaca las detenciones realizadas hasta el momento, incluyendo la del presunto autor intelectual de los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, como prueba del compromiso del gobierno en la resolución de estos casos.

Sin embargo, la controversia persiste. La discrepancia entre la postura del gobierno y las preocupaciones del Comité de la ONU plantea interrogantes cruciales. ¿Se está subestimando la posible implicación de agentes estatales en las desapariciones? ¿Es suficiente la lucha contra la delincuencia organizada para abordar la magnitud del problema? ¿Qué mecanismos de control y transparencia se están implementando para garantizar que las investigaciones sean exhaustivas e imparciales?

La sociedad civil, los familiares de las víctimas y organismos internacionales siguen demandando respuestas y acciones concretas. La transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación internacional son claves para abordar este desafío y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El debate está abierto y la búsqueda de soluciones debe ser una prioridad inquebrantable.