El próximo 1 de junio, las urnas se abrirán para una elección crucial que definirá el rumbo de la justicia en nuestro país. En un ambiente marcado por la austeridad, tal como lo estipula la ley y el reglamento del INE, los candidatos y candidatas ya se encuentran recorriendo el territorio nacional, en un esfuerzo por conectar con la ciudadanía y presentar sus propuestas. A diferencia de otros procesos electorales, la ausencia de partidos políticos imprime una dinámica singular a estas campañas, donde la figura del candidato o candidata cobra una relevancia aún mayor. Este escenario nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana informada, un voto consciente que priorice la experiencia, la ética y la visión de quienes aspiran a ocupar estos cargos de alta responsabilidad.

Mientras los candidatos despliegan sus estrategias, el INE trabaja arduamente en la logística electoral. La selección de los funcionarios de casilla, pieza fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, se encuentra en pleno desarrollo. Los capacitadores del INE recorren cada rincón del país, visitando los domicilios de los ciudadanos seleccionados, en una labor titánica que busca asegurar la correcta aplicación de los procedimientos electorales. Este esfuerzo institucional nos recuerda la complejidad y la delicadeza de un proceso democrático, y la importancia de la colaboración ciudadana para su éxito.

El debate público, elemento esencial en toda contienda electoral, se presenta en esta ocasión con matices particulares. Universidades, medios de comunicación y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tienen la posibilidad de organizar debates entre los candidatos y candidatas. Sin embargo, la obligación de invitar a todos los contendientes plantea un desafío logístico y de imparcialidad. La decisión de cada candidato o candidata de participar o no en estos espacios de diálogo añade un elemento de incertidumbre que sin duda impactará en la percepción ciudadana.

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la difusión de las propuestas y trayectorias de los candidatos. Si bien tienen la libertad de realizar entrevistas y dar cobertura al proceso, existen restricciones en cuanto a la compra de pautas publicitarias y la promoción pagada, incluso en redes sociales. Esta limitación busca garantizar la equidad en la contienda y evitar que los recursos económicos influyan de manera desproporcionada en el resultado final. El reto para los medios es encontrar formas creativas e innovadoras de informar a la ciudadanía, sin caer en la promoción directa de ningún candidato.

Un tema que ha generado controversia es el derecho de los abogados defensores a participar en la elección judicial. El consejero Uuc-kib Espadas ha sido enfático al respecto: defender a una persona acusada de un delito no restringe sus derechos políticos. Este principio fundamental de nuestro sistema de justicia garantiza que toda persona, independientemente de su profesión, tenga la oportunidad de participar en la vida democrática del país. La presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada son pilares inquebrantables que deben respetarse en todo momento. Es importante que la ciudadanía evalúe a los candidatos con base en sus méritos y propuestas, y no en prejuicios o estigmatizaciones infundadas. La decisión final recae en el votante, quien debe ejercer su derecho con responsabilidad e información.