La tensión se palpa en los pasillos del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Un ambiente enrarecido, cargado de silencios incómodos y miradas esquivas, se ha instalado entre los asesores y su coordinadora, Ana María de la Cruz Olvera. La gota que derramó el vaso, un escrito de denuncia presentado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), detalla un rosario de acusaciones que van desde hostigamiento y violencia hasta acoso laboral. La imagen de un espacio de trabajo colaborativo y respetuoso se desdibuja ante las graves imputaciones.

El documento, firmado por un grupo de asesores y avalado con los sellos de recibido de representantes de diversas fuerzas políticas –PVEM, Morena, PAN, PT y Nueva Alianza SLP–, revela un escenario preocupante. Según los denunciantes, De la Cruz Olvera, titular de la Coordinación de Apoyo Técnico a Comisiones y Comités, ha ejercido un "abuso de poder" desde el inicio de la Legislatura. Las palabras "soberbia" y "falta de respeto verbal" se repiten en el escrito, dibujando la figura de una líder que, lejos de inspirar y motivar, siembra la discordia y crea un ambiente "psicológicamente dañino".

La prohibición de festejos y reuniones, impuesta mediante oficios fechados el 2 de abril, se suma a la lista de agravios. El ruido excesivo y la música en el área de trabajo también están vetados, así como las salidas, salvo en casos de emergencia. Lo paradójico, y lo que ha exacerbado el malestar, son las capturas de pantalla de un chat grupal que acompañan la denuncia. En ellas, la propia De la Cruz Olvera anuncia convivios y festejos en sus oficinas, uno por el Día de la Amistad y otro por el cumpleaños de un empleado. Esta contradicción flagrante ha sido interpretada por los asesores como un acto de "revanchismo" y "represalia".

Pero las restricciones y la aparente doble moral no son las únicas quejas. El lenguaje utilizado por la coordinadora, según el testimonio de los afectados, es ofensivo e inapropiado. Los términos "ojetes" y "los relajientos", que presuntamente utiliza para referirse a su equipo, se suman a los gritos y al lenguaje corporal agresivo que, denuncian, emplea habitualmente.

Ante esta situación, los asesores aseguran haber acudido al presidente de la Directiva, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (Morena), y a la titular de la Oficialía Mayor, Dolores Eliza García Román (ex diputada del PVEM). Sin embargo, lamentan la falta de respuesta y la "indolencia" de ambos funcionarios ante sus reiteradas quejas. La inacción de las autoridades no solo agrava el conflicto, sino que también deja en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores y la aparente normalización de conductas inaceptables en el ámbito laboral. Ahora, con la denuncia ante la Jucopo, la pelota está en el tejado de los coordinadores políticos. ¿Estarán a la altura de las circunstancias? ¿Tomarán medidas para garantizar un ambiente de trabajo respetuoso y libre de hostigamiento? El futuro de la convivencia laboral en el Congreso del Estado de San Luis Potosí pende de un hilo. La resolución de este conflicto sentará un precedente crucial y enviará un mensaje claro sobre la tolerancia a este tipo de conductas dentro del Poder Legislativo.