La llegada de Transparencia para el Pueblo marca un antes y un después en el acceso a la información pública en México. Este nuevo organismo, desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, asume las funciones del extinto INAI, prometiendo una renovada perspectiva sobre la transparencia gubernamental. Sin embargo, este cambio no está exento de retos y ajustes, lo que implica un periodo de transición crucial para la ciudadanía y las instituciones.

Durante los próximos dos meses, nos encontramos en un compás de espera. Procedimientos vitales para garantizar el derecho a la información experimentarán una suspensión de plazos, un paréntesis necesario para la completa instauración de Transparencia para el Pueblo. Esto significa que, hasta el 3 de junio, trámites como los recursos de revisión contra resoluciones del Poder Ejecutivo Federal en materia de acceso a la información, así como las denuncias por incumplimiento de transparencia por parte del mismo poder, quedarán temporalmente pausados. Este periodo también afecta a los recursos de inconformidad contra resoluciones de los órganos garantes estatales.

La suspensión de plazos, si bien temporal, plantea interrogantes cruciales. ¿Cómo afectará este lapso a la ciudadanía que busca información? ¿Qué mecanismos se implementarán para asegurar que las solicitudes no queden en el limbo? Es fundamental que Transparencia para el Pueblo comunique de forma clara y accesible los procedimientos alternativos durante este periodo, brindando certeza a quienes ejercen su derecho a la información. La transparencia, en momentos de transición, es más importante que nunca.

A partir del 18 de junio, se levanta la suspensión para otra gama de trámites ante las autoridades federales. Recursos de revisión contra resoluciones de los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos, así como denuncias por incumplimiento de transparencia, volverán a su curso normal. Esta fecha marca un hito importante en la consolidación de Transparencia para el Pueblo, demostrando su capacidad para asumir las responsabilidades del INAI de forma gradual y efectiva.

El 19 de junio de 2025, un año después de la entrada en vigor de Transparencia para el Pueblo, se completa la transferencia de funciones. A partir de esta fecha, las autoridades garantes federales asumirán la resolución de recursos de revisión y denuncias relacionadas con todos los sujetos obligados de su competencia. Este es el punto culminante del proceso de transición, un momento que definirá el futuro del acceso a la información pública en el país.

La transición hacia Transparencia para el Pueblo representa un desafío significativo. La ciudadanía, las instituciones y el propio organismo deben trabajar en conjunto para asegurar que este cambio fortalezca el derecho a la información y promueva una mayor transparencia en la gestión pública. La comunicación constante, la claridad en los procedimientos y la accesibilidad a los recursos serán claves para el éxito de esta nueva etapa. El futuro de la transparencia en México está en juego, y es responsabilidad de todos garantizar su pleno desarrollo. Mantenerse informado sobre los avances y las modificaciones en los procedimientos es esencial para ejercer nuestro derecho a saber y construir una sociedad más democrática y transparente.