La tragedia ocurrida en el Festival Axe Ceremonia ha dejado una profunda herida en la ciudad, no solo por la irreparable pérdida de Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández, sino también por las interrogantes que surgen sobre la responsabilidad en la seguridad de los asistentes a eventos masivos. Las declaraciones de Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, apuntan directamente a los promotores del festival, señalando una grave omisión en la comunicación y gestión de las estructuras que colapsaron.

Según Urzúa Venegas, en entrevista concedida a "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez" en El Heraldo Radio, la instalación de los osos de colores sobre las estructuras metálicas, que posteriormente cedieron, no fue informada a ninguna autoridad competente. Esta revelación es crucial, ya que pone en evidencia una aparente ruptura en el protocolo de seguridad establecido para este tipo de eventos. "Todo esto fue entregado el día sábado y fue colocado el día sábado. No teníamos conocimiento, ni nadie ni ninguna autoridad tenía conocimiento de esta colocación", afirmó la secretaria, palabras que resuenan con la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva.

La falta de información a las autoridades de Protección Civil no solo impidió una evaluación adecuada de la seguridad de la estructura, sino que también limitó la capacidad de respuesta ante la emergencia. Imaginemos por un momento si se hubiera contado con la información precisa sobre la instalación de estos elementos. ¿Se hubiera podido prevenir la tragedia? ¿Se hubiera podido actuar con mayor rapidez y eficacia en el momento del colapso? Estas preguntas, aunque dolorosas, son fundamentales para comprender la magnitud de la omisión y la importancia de la transparencia en la organización de eventos masivos.

La responsabilidad de garantizar la seguridad de los asistentes recae, sin duda, en múltiples actores. Desde los organizadores, quienes deben cumplir con rigor los protocolos establecidos y proporcionar información veraz y oportuna a las autoridades, hasta las propias instancias gubernamentales, encargadas de supervisar y verificar el cumplimiento de las normas. En este caso, la aparente falta de comunicación entre los promotores del festival y las autoridades de Protección Civil deja al descubierto una falla sistémica que debe ser abordada con urgencia.

La Fiscalía capitalina ya tiene en sus manos la información proporcionada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y será su tarea determinar las responsabilidades correspondientes. Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva y transparente, que no deje lugar a dudas sobre las causas del accidente y que permita deslindar las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

Más allá de la investigación, este trágico suceso debe servir como un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la organización de eventos masivos. Es necesario revisar los protocolos existentes, asegurando que se cumplan a cabalidad y que se establezcan canales de comunicación fluidos y transparentes entre los organizadores y las autoridades. La seguridad de los ciudadanos no puede quedar sujeta a la improvisación o a la falta de comunicación. La memoria de Berenice y Miguel Ángel exige una respuesta contundente y un compromiso real para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. El futuro de los espectáculos públicos en la ciudad depende de la capacidad de aprender de los errores y de construir un marco normativo más sólido y eficaz.