La tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario durante el festival “AXE Ceremonia” ha dejado una profunda herida en la comunidad artística y en la ciudad en general. Dos vidas truncadas, dos familias destrozadas, y una serie de interrogantes que exigen respuestas inmediatas. Mientras el alcalde Mauricio Tabe señala a los organizadores del evento como principales responsables, argumentando violaciones al Programa Especial de Protección Civil y la introducción ilegal de la estructura colapsada, la búsqueda de la verdad apenas comienza.

Más allá de las declaraciones oficiales, se abre un complejo panorama de responsabilidades. ¿Fue la supervisión de las autoridades suficiente? ¿Se siguieron los protocolos de seguridad de manera rigurosa? ¿Existía conocimiento previo sobre la precariedad de la estructura? Estas preguntas, que claman por respuestas claras y contundentes, deben ser el eje central de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia. No podemos permitir que la sombra de la duda opaque la justicia que las víctimas y sus familias merecen.

La cifra de 40 mil asistentes al evento añade una capa de complejidad a la tragedia. La decisión de no desalojar el parque, justificada por el alcalde para evitar un caos mayor, abre un debate crucial sobre los protocolos de actuación en situaciones de emergencia. ¿Se priorizó la seguridad individual o la colectiva? ¿Existieron alternativas viables que no fueron consideradas? En momentos de crisis, cada decisión cuenta, y es fundamental analizar con rigor si las medidas tomadas fueron las más adecuadas.

El hecho de que personal de Protección Civil se encontrara atendiendo otra emergencia, el retiro de un enjambre de abejas, en el momento del colapso, genera aún más interrogantes. ¿Contaba la alcaldía con el personal suficiente para atender múltiples emergencias simultáneamente en un evento de tal magnitud? ¿Se subestimó el riesgo potencial de la estructura metálica? La gestión de recursos y la priorización de riesgos son aspectos críticos que deben ser evaluados minuciosamente.

La falta de comunicación directa del alcalde con las familias de las víctimas, si bien justificada por la responsabilidad que atribuye a los organizadores, deja un vacío humano en medio del dolor. Si bien el ofrecimiento de apoyo jurídico es un paso importante, la empatía y el acompañamiento en momentos de tanta vulnerabilidad son fundamentales. Las víctimas no son solo cifras o expedientes, son personas que merecen ser tratadas con dignidad y respeto.

La sanción económica que se plantea, que oscila entre los 226 mil y los 400 mil pesos, parece irrisoria en comparación con la magnitud de la tragedia. ¿Es esta cifra suficiente para disuadir futuras negligencias? ¿Refleja el valor de las vidas perdidas y el daño irreparable causado a sus familias? La justicia no se limita a la sanción económica, sino que debe garantizar la verdad, la reparación del daño y la prevención de futuras tragedias. Es imperativo que se revisen los protocolos de seguridad, se fortalezcan los mecanismos de supervisión y se exija la máxima responsabilidad a todos los involucrados, para que eventos como este nunca más se repitan. El recuerdo de los fotógrafos fallecidos debe ser un llamado a la acción, un recordatorio constante de la importancia de la seguridad y la responsabilidad en la organización de eventos masivos.