La tragedia que enlutó al mundo del periodismo y la fotografía nos obliga a una profunda reflexión sobre la seguridad en los eventos masivos y la responsabilidad de las autoridades en su supervisión. La pérdida de Berenice Gisel y Miguel Ángel Hernández, dos jóvenes talentos que se encontraban cubriendo el Festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario, exige respuestas y acciones concretas. No podemos permitir que la pasión por informar se convierta en un riesgo mortal.

La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, apuntando a una investigación exhaustiva del accidente y a la revisión de la concesión del Parque Bicentenario, es un primer paso fundamental. Es crucial determinar con precisión qué falló, quiénes son los responsables y qué medidas se deben implementar para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. La mención a la alcaldía Miguel Hidalgo como parte responsable en la cadena de autorizaciones abre interrogantes sobre los procesos de supervisión y control que se llevan a cabo en este tipo de eventos. ¿Se cumplieron todos los protocolos de seguridad? ¿Se verificó la capacidad de carga de las estructuras? ¿Se realizó una adecuada evaluación de riesgos? Estas son preguntas que deben ser respondidas con transparencia y rigor.

La solicitud a la secretaria de Sedatu, Edna Elena Vega, para revisar la concesión del Parque Bicentenario y evaluar la posibilidad de retirarla, demuestra la seriedad con la que el gobierno federal está tomando este asunto. Si se comprueba que hubo negligencia o incumplimiento de las normas de seguridad por parte de los concesionarios, la revocación de la concesión sería una medida justa y necesaria. No se puede permitir que la búsqueda de lucro se anteponga a la seguridad de las personas.

Más allá de las responsabilidades legales y administrativas, esta tragedia nos invita a reflexionar sobre la precariedad en la que a menudo se ejerce el periodismo, especialmente en eventos masivos. Berenice y Miguel Ángel estaban allí haciendo su trabajo, informando a la sociedad. Su muerte nos recuerda la importancia de garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todos los profesionales de la comunicación que arriesgan su vida para llevarnos la información.

Es imperativo que las autoridades, tanto federales como locales, trabajen en conjunto para fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los eventos masivos. Se deben establecer protocolos más estrictos, aumentar las inspecciones y sancionar con severidad a quienes incumplan las normas. La seguridad de los asistentes y de los trabajadores, incluyendo a los periodistas, debe ser la prioridad absoluta.

La memoria de Berenice y Miguel Ángel nos exige un compromiso firme con la seguridad y la justicia. No podemos permitir que sus muertes sean en vano. Debemos aprender de esta tragedia y trabajar incansablemente para que nunca más se repita. La sociedad exige respuestas y acciones concretas. La vida de las personas no puede ser negociable. Esperamos con atención los resultados de la investigación y las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad en los eventos masivos en el futuro. La justicia para Berenice y Miguel Ángel es también justicia para todos.