La reciente declaración de María Luisa Alcalde Luján, líder nacional de Morena, ante las acusaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, ha generado un intenso debate en el país. Alcalde Luján niega categóricamente la implicación del gobierno en estas desapariciones, asegurando que "desde 2018 a la fecha, el Gobierno de México no desaparece personas ni viola derechos humanos". Esta afirmación, contundente y directa, contrasta con la decisión de la ONU de abrir una carpeta de investigación sobre el tema, lo que evidencia una profunda discrepancia entre la perspectiva del partido gobernante y la del organismo internacional.

La líder de Morena atribuye la acusación a una supuesta parcialidad política dentro de la ONU, argumentando que "no es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo". Esta línea de defensa, que apunta a la politización del tema, plantea interrogantes sobre la objetividad de la investigación de la ONU y la posible influencia de intereses externos en la misma. ¿Se trata de una acusación fundamentada o de un ataque políticamente motivado? La respuesta a esta pregunta es crucial para comprender la complejidad de la situación.

Alcalde Luján destaca las "estrategias de búsqueda y combate a la impunidad" implementadas por el gobierno actual, presentándolas como prueba de su compromiso con la resolución del problema de las desapariciones. Menciona, además, las acciones llevadas a cabo durante el sexenio anterior, estableciendo una línea de continuidad en la lucha contra este flagelo. Sin embargo, la persistencia de las desapariciones y la decisión de la ONU de intervenir sugieren que estas estrategias, si bien existen, podrían no estar siendo suficientemente efectivas.

La mención a la administración de Claudia Sheinbaum como ejemplo de la lucha contra la impunidad resulta particularmente relevante en el contexto político actual. Al vincular la gestión de Sheinbaum con los esfuerzos del gobierno federal, Alcalde Luján busca reforzar la imagen de un partido comprometido con la defensa de los derechos humanos. Esta estrategia, sin embargo, podría ser interpretada como un intento de desviar la atención de las acusaciones de la ONU y centrarla en los logros de una figura política clave para el futuro de Morena.

La acusación de que la ONU actúa por motivos políticos e ideológicos, al no aprobar los "gobiernos progresistas y cercanos a la gente", añade otra capa de complejidad al debate. Esta afirmación, cargada de connotaciones ideológicas, polariza aún más la discusión y dificulta la búsqueda de un consenso. ¿Es posible separar la ideología de la realidad de las desapariciones? ¿Cómo se puede garantizar una investigación imparcial en un contexto tan politizado?

Finalmente, la declaración de Alcalde Luján deja abiertas una serie de preguntas cruciales que exigen una respuesta clara y contundente. ¿Cuáles son las pruebas que sustentan la afirmación de que el gobierno no está involucrado en las desapariciones? ¿Cómo se explica la discrepancia entre la versión oficial y la decisión de la ONU de investigar? ¿Qué medidas concretas se están tomando para abordar la crisis de desapariciones en el país? El futuro de la investigación de la ONU y la respuesta del gobierno mexicano a las mismas serán determinantes para el esclarecimiento de este grave problema que afecta a miles de familias en el país.