La tensión política en México se palpa en el aire. El debate sobre la promoción de la elección judicial del 1 de junio se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre el oficialismo y el Instituto Nacional Electoral (INE). El Tribunal Electoral, con Mónica Soto al frente, se prepara para una decisión crucial que podría revertir la prohibición impuesta por el INE a los servidores públicos para promover la votación. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que será sometido a votación en las próximas horas, genera una gran expectativa, ya que podría dar la razón a Morena y al gobierno, permitiendo la promoción del voto a pesar de las restricciones del INE.

Este escenario ha desatado una cascada de reclamos por parte del oficialismo, con figuras como Claudia Sheinbaum a la cabeza, quienes han impugnado la decisión del INE. Argumentan que la Reforma Judicial, impulsada por el propio López Obrador, les otorga la facultad de promover la participación ciudadana en las elecciones judiciales. La controversia reside en la interpretación de la ley y en la delimitación de las atribuciones del INE y de los servidores públicos.

La posibilidad de que el Tribunal Electoral falle a favor del oficialismo genera inquietud en algunos sectores, quienes ven en ello un riesgo de politización del proceso electoral. La cercanía de algunos magistrados con Morena, incluyendo a la presidenta Mónica Soto, alimenta las sospechas de una posible parcialidad en la decisión. La mirada está puesta en Felipe de la Mata, cuyo proyecto podría marcar un antes y un después en la contienda electoral. Se rumorea que la prohibición podría levantarse, al menos para algunos funcionarios, incluyendo a la propia Sheinbaum, lo que sin duda añadiría un nuevo elemento de complejidad al panorama político.

Pero las tensiones no se limitan al ámbito electoral. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha protagonizado un duro enfrentamiento con los exintegrantes del INAI, acusándolos de obstruir la entrega de la administración del organismo. Buenrostro ha denunciado un intento de “politiquería” por parte de los excomisionados, quienes, según ella, estarían utilizando a los trabajadores para generar una revuelta. La sombra de posibles malos manejos presupuestales y las auditorías en curso añaden un componente adicional de tensión a este conflicto.

En otro orden de cosas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha tomado medidas drásticas para combatir el contrabando de ganado desde Centroamérica. El multimillonario mercado negro de aretes de identificación, que permitía el ingreso ilegal de unas 800 mil cabezas de ganado al año, generando ganancias ilícitas por 400 millones de pesos, ha sido desmantelado. La decisión de centralizar la administración de los aretes en el Senasica, quitándole esa facultad a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, busca poner fin a esta práctica fraudulenta y garantizar la trazabilidad del ganado en el país.

En definitiva, la actualidad política mexicana se presenta convulsa, con frentes abiertos en diversos ámbitos. La interpretación de las leyes, la lucha por el poder y la búsqueda de la transparencia se entrelazan en un complejo escenario que mantiene en vilo a la ciudadanía. Como bien decía el “filósofo” (cuyo nombre se nos escapa en este momento): "En México no se viola la ley… se le hace una interpretación creativa cada que convenga". Una frase que, lamentablemente, parece resonar con fuerza en estos tiempos.