La tragedia que enlutó al "Festival AXE Ceremonia" ha dejado una profunda herida en la comunidad artística y en la sociedad en general. La pérdida de dos jóvenes talentos, Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de garantizar la seguridad en eventos masivos. Más allá de la tristeza inmediata, surge la imperiosa necesidad de comprender las causas que llevaron al colapso de la estructura metálica y, sobre todo, de exigir justicia para las víctimas y sus familias.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la dirección de Bertha Alcalde Luján, ha asumido un compromiso firme con la verdad y la justicia. Su promesa de trabajar "lo más rápido posible" no es una mera formalidad, sino una respuesta a la angustia de una sociedad que demanda respuestas. La investigación, que abarca tanto el aspecto fáctico como el jurídico, se presenta como un proceso minucioso y exhaustivo, que busca desentrañar la compleja cadena de responsabilidades que condujeron a este fatal desenlace.

No se trata solo de determinar cómo se instaló la grúa y por qué se cayó, sino de identificar a todos los actores involucrados en la cadena de seguridad del evento. Desde las empresas operadoras de la maquinaria, responsables directas de su correcta instalación y funcionamiento, hasta los organizadores del festival, quienes debieron velar por el cumplimiento de todas las normas de protección civil. La investigación también apunta a las autoridades encargadas de la supervisión, antes, durante y después del evento, un aspecto crucial que a menudo queda relegado a un segundo plano.

La presión sobre las autoridades es comprensible. En un evento de esta magnitud, la seguridad no puede ser un elemento negociable. Debe existir una supervisión rigurosa, un control exhaustivo de cada detalle, desde la instalación de las estructuras hasta la gestión de las multitudes. La tragedia del "Festival AXE Ceremonia" pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en eventos masivos, para que la música y el arte puedan disfrutarse sin el temor a accidentes evitables.

El acompañamiento psicológico, de trabajo social y jurídico brindado a las familias de las víctimas es un gesto de humanidad y solidaridad. Sin embargo, la verdadera justicia se alcanzará cuando se esclarezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes. La impunidad no puede ser una opción. La memoria de Miguel Ángel y Citlali exige que se tomen medidas concretas para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir.

La investigación en curso es una carrera contra el olvido, una batalla por la verdad y la justicia. La sociedad espera con ansias los resultados y confía en que las autoridades actuarán con la transparencia y la diligencia que el caso amerita. La promesa de informar sobre los avances en la investigación en los próximos días es un rayo de esperanza en medio del dolor. La justicia, aunque tardía, es el único camino para honrar la memoria de las víctimas y para construir un futuro donde la seguridad en los eventos masivos no sea una promesa vacía, sino una realidad tangible.

La tragedia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad compartida en la organización de eventos masivos. Es un llamado a la conciencia de todos los actores involucrados: empresas, organizadores, autoridades y público en general. Sólo a través de un compromiso conjunto podremos garantizar que la cultura y el entretenimiento sean espacios seguros para todos. El legado de Miguel Ángel y Citlali debe ser un recordatorio permanente de esta necesidad.