La angustia que embarga a la familia de Blanca Yolanda Figueroa Cabral se extiende como una sombra sobre la sociedad jalisciense, poniendo en evidencia una vez más la lacerante herida de las desapariciones en nuestro país. La indolencia, la negligencia y la falta de empatía que denuncian los familiares nos obligan a alzar la voz y exigir justicia. No podemos permitir que el silencio se convierta en cómplice de la impunidad.

El caso de Blanca Yolanda no es un caso aislado, es un reflejo de la crisis que vivimos, un síntoma de un mal que corroe el tejido social. Las cifras de desaparecidos en México son escalofriantes, un recordatorio constante de la vulnerabilidad que enfrentamos como ciudadanos. ¿Cuántos más deben sumarse a esta lista interminable para que las autoridades actúen con la diligencia y la seriedad que el caso amerita? ¿Cuántas familias más deben vivir este calvario de incertidumbre y dolor?

La desaparición de Blanca Yolanda, madre de cuatro menores, tras una reunión de trabajo, nos llena de indignación y nos obliga a cuestionar la eficacia de nuestros sistemas de seguridad y justicia. ¿De qué sirven los protocolos si no se aplican? ¿De qué sirve la tecnología si no se utiliza para encontrar a nuestros desaparecidos? La Fiscalía de Jalisco tiene en sus manos información crucial, datos que podrían arrojar luz sobre el paradero de Blanca Yolanda, pero hasta el momento, la respuesta ha sido el silencio, un silencio que se traduce en dolor y desesperación para su familia.

No podemos minimizar la gravedad de este problema. No podemos permitir que la indiferencia se instale en nuestras conciencias. El llamado de los senadores Marko Cortés y Clemente Castañeda es un llamado a la acción, una exhortación a la sociedad y a las autoridades a unir fuerzas para enfrentar esta crisis. Es necesario que el gobernador Pablo Lemus rompa el silencio y dé la cara a la familia de Blanca Yolanda. Es necesario que la Fiscalía de Jalisco agote todas las líneas de investigación, incluyendo la comparecencia de Noemí González Valencia, a pesar de su posible huida a Cancún.

La justicia no puede esperar. La vida de Blanca Yolanda está en juego. Sus cuatro hijos la esperan en casa, al igual que sus padres y hermanas. No podemos arrebatarles la esperanza de volver a verla. Debemos exigir a las autoridades que actúen con prontitud y eficacia, que dejen de lado la indolencia y la burocracia y se concentren en encontrar a Blanca Yolanda. Su caso no puede quedar impune, no puede convertirse en una cifra más en la estadística de la tragedia. La sociedad jalisciense, y el país entero, exige justicia para Blanca Yolanda. Exige que se esclarezca su desaparición y se castigue a los responsables. El tiempo apremia, y cada minuto que pasa sin respuestas es una puñalada en el corazón de su familia.