La desaparición de personas en México es una herida abierta que clama por justicia y verdad. No son simples estadísticas, son historias de vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad que carga con el peso de la incertidumbre. La reciente declaración de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre la obligación del Estado en la búsqueda de desaparecidos, abre una ventana de esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Su compromiso de coordinar esfuerzos entre las distintas instancias gubernamentales, desde el nivel federal hasta el municipal, es un paso fundamental para abordar esta problemática de manera integral. No se trata solo de encontrar cuerpos, sino de reconstruir las piezas de un rompecabezas complejo, donde la impunidad ha reinado por demasiado tiempo.

La mención de la construcción de paz y la lucha contra la impunidad como ejes centrales del gobierno de Claudia Sheinbaum, refuerza la idea de un cambio de paradigma. No basta con lamentarse, es necesario actuar con firmeza y determinación para desmantelar las redes que perpetúan este flagelo. Fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda de personas es crucial, pero también lo es dotarlas de los recursos necesarios, tanto humanos como tecnológicos, para que puedan realizar su trabajo de manera eficaz. La capacitación constante, la especialización en áreas como la genética forense y la creación de bases de datos unificadas, son solo algunas de las medidas que se deben implementar para optimizar los procesos de búsqueda e identificación.

El compromiso de atender la problemática de los desaparecidos como una prioridad de Estado, es una señal alentadora para las familias que han luchado incansablemente por encontrar a sus seres queridos. La instrucción de la Presidenta a todas las dependencias del gobierno federal de priorizar este tema, demuestra una voluntad política que antes no se había visto con tanta claridad. La escucha activa, la empatía y la sensibilidad son elementos clave para acompañar a las familias en este doloroso proceso. No se trata solo de brindar información, sino de contener, de apoyar y de reconocer su derecho a la verdad y a la justicia.

La participación activa de las familias en las acciones de búsqueda es fundamental. Son ellas quienes conocen las historias, los detalles, las particularidades que pueden marcar la diferencia. Su experiencia y su conocimiento del terreno son invaluables. Reconocerlas como víctimas y darles un lugar central en todas las etapas del proceso, es un acto de justicia y un paso importante para la construcción de una sociedad más humana y solidaria.

Las reformas y el decreto emitido para fortalecer la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, son herramientas legales que deben ser aplicadas con rigor y transparencia. Es necesario que se traduzcan en acciones concretas que permitan avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas. La lucha contra la impunidad es una tarea de todos, un compromiso que debemos asumir como sociedad para construir un futuro donde la desaparición de personas sea un triste recuerdo del pasado. La esperanza, aunque a veces tenue, sigue viva en el corazón de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos.