La búsqueda de personas desaparecidas en México ha dado un paso crucial hacia la construcción de una agenda conjunta entre el gobierno y los familiares de las víctimas. En una reunión encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por instrucción directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció una mesa de diálogo con el firme propósito de garantizar la verdad, la justicia y la atención integral a cada uno de los casos.

Este encuentro, cargado de simbolismo y esperanza, representa un compromiso ineludible del Estado mexicano para atender esta problemática lacerante con la sensibilidad y el respeto que merecen las víctimas y sus familias. La prioridad, según lo expresado por Rodríguez, es clara: la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una cuestión de Estado, y se trabajará incansablemente para lograr la localización de los seres queridos.

El diálogo se centró en el reciente decreto emitido por la Presidenta Sheinbaum, que fortalece los procesos de búsqueda y reconoce el derecho humano a ser encontrado, así como el derecho de las familias a buscar a sus desaparecidos. Este decreto sienta las bases para una colaboración interinstitucional más efectiva, involucrando a los tres órdenes de gobierno y a las fiscalías estatales y federal, en un esfuerzo coordinado para evitar la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia.

La estrategia propuesta por el gobierno, y sometida a la consideración de los familiares presentes, incluye medidas innovadoras como la Plataforma Única de Identidad, que integrará la CURP con datos biométricos desde la niñez, y la Alerta Nacional para la Búsqueda de Localización e Identificación, que permitirá una activación inmediata en todo el país al momento del reporte de una desaparición.

Se destacó también la importancia de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que funcionará como un registro único y actualizado en tiempo real, y la participación de particulares, como laboratorios, funerarias y hospitales, que deberán habilitar acceso a sus bases de datos para facilitar la búsqueda e identificación.

El fortalecimiento institucional es otro pilar fundamental de la estrategia, con la creación de unidades de análisis de contexto y áreas de búsqueda inmediata y de larga data en las fiscalías, así como el reforzamiento de los departamentos especializados en delitos cibernéticos.

Se hizo hincapié en la necesidad de un inicio inmediato de las investigaciones, la capacitación continua del personal ministerial, policial y pericial, y la obligatoriedad de alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses con información completa, incluyendo ADN, restos, tatuajes y otros elementos relevantes.

Finalmente, se abordaron las responsabilidades y sanciones, equiparando la pena por desaparición forzada o cometida por particulares a la del secuestro, con penas de hasta 50 años de prisión. Asimismo, se establecieron sanciones para los servidores públicos que oculten o retarden información, con penas de 4 a 16 años de prisión.

La Secretaria de Gobernación reiteró el compromiso del gobierno de escuchar a las familias y a las organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo su derecho a participar activamente en las acciones implementadas y a recibir información constante sobre los avances y resultados.

Este encuentro marca un punto de inflexión en la lucha contra la desaparición de personas en México, un paso firme hacia la construcción de un futuro donde la verdad, la justicia y la reparación sean una realidad para las víctimas y sus familias. La colaboración entre el gobierno y la sociedad civil se presenta como la clave para enfrentar este desafío y construir un país donde el derecho a ser encontrado sea una garantía inquebrantable. El camino es largo y complejo, pero el compromiso asumido en esta mesa de diálogo representa una luz de esperanza en medio de la oscuridad.