La revolución en la protección de datos personales ya está aquí. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 y su entrada en vigor al día siguiente, el panorama de la privacidad en México ha experimentado un cambio radical. La transferencia de funciones del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no es un mero trámite administrativo, sino un cambio de paradigma que nos obliga a analizar a fondo las implicaciones de este nuevo modelo.

Uno de los cambios más significativos radica en la claridad y accesibilidad al Aviso de Privacidad. Anteriormente, un lenguaje general y a veces confuso dificultaba la comprensión real del uso que se le daría a nuestra información. Ahora, la exigencia de un aviso disponible desde el momento de la recolección de datos, con especificaciones precisas sobre su uso y la diferenciación entre los usos que requieren o no nuestro consentimiento, nos empodera como ciudadanos. Tenemos mayor control desde el principio, permitiéndonos tomar decisiones informadas sobre nuestra propia información.

Los derechos ARCO también han sido reforzados significativamente. El derecho de acceso, por ejemplo, ya no se limita a conocer los datos y el aviso de privacidad. Ahora podemos conocer las condiciones del tratamiento: el cómo, el por qué y quién está utilizando nuestros datos. Esta transparencia nos ofrece una visión completa del ciclo de vida de nuestra información personal. La rectificación, antes limitada a la corrección de errores, ahora abarca la actualización de datos, crucial en un mundo en constante cambio. Imaginemos la facilidad de actualizar nuestra dirección o teléfono sin trámites engorrosos.

En cuanto al derecho de oposición, la nueva ley nos protege de los posibles abusos de las tecnologías automatizadas. Podemos negarnos a tratamientos automáticos, como algoritmos que tomen decisiones sobre nosotros sin intervención humana, si consideramos que nos perjudican. Es un paso crucial para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés.

El consentimiento, un tema central en la protección de datos, también ha sido modificado. Si bien el consentimiento tácito (el silencio como aceptación) se ha reforzado, facilitando potencialmente el uso de datos por parte de las empresas sin un permiso explícito, la ley establece excepciones para proteger nuestros derechos. La posibilidad de utilizar datos sin consentimiento para ejercer derechos en relaciones jurídicas, como reclamar un pago, puede ser un arma de doble filo, beneficiándonos o perjudicándonos según el caso específico. Es un punto que requiere un análisis profundo y una vigilancia constante para evitar posibles abusos.

La transferencia de datos a terceros, tanto dentro como fuera de México, sigue requiriendo nuestra autorización expresa. Aunque no forma parte del contenido mínimo del aviso de privacidad, sigue siendo obligatoria la notificación y la solicitud de aceptación por separado. Este mecanismo nos garantiza el control sobre quién tiene acceso a nuestra información y nos permite negarnos a la transferencia si así lo deseamos.

El cambio de autoridad del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con la modificación del proceso de impugnación de resoluciones (de juicio de nulidad a juicio de amparo), representa un cambio sustancial en el panorama legal. Es crucial familiarizarnos con este nuevo escenario y comprender las implicaciones de estos cambios en la práctica.

Ante este nuevo modelo de protección de datos, debemos mantenernos vigilantes y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Aprovechemos las mejoras, identifiquemos las áreas de oportunidad y exijamos que cualquier ajuste futuro priorice el bienestar de la sociedad. La protección de datos personales es un derecho fundamental, y su defensa es una responsabilidad compartida.