La crisis de desapariciones en México, una herida abierta que clama por justicia y verdad, se encuentra en el centro de la agenda del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha dado inicio a una serie de diálogos cruciales con madres buscadoras y organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, reconociendo la deuda histórica del Estado y la necesidad de una acción coordinada y contundente.

Este encuentro no es simplemente un acto protocolario, sino un compromiso tangible para construir un programa nacional de atención a la búsqueda de personas desaparecidas, un programa que se cimienta en la verdad, la justicia y la atención integral a las familias de las víctimas. Rodríguez enfatiza la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno –municipios, estados, fiscalías locales– y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La magnitud del problema exige una sinergia sin precedentes, donde cada actor asuma su responsabilidad y trabaje en conjunto para lograr resultados concretos.

Ante las serias acusaciones del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre supuestas prácticas forzadas por parte del Estado, Rodríguez ha sido categórica: el gobierno mexicano no consiente, permite ni ordena desapariciones. El fenómeno, afirma, recae en actos del crimen organizado, y es contra esta amenaza que se dirigen los esfuerzos del Ejecutivo. Se trata de una lucha compleja, que requiere estrategias integrales y una firme determinación para desmantelar las redes criminales que se alimentan del dolor y la desesperanza.

La escucha activa y la empatía son pilares fundamentales de este nuevo enfoque. Se busca construir un método de trabajo que obligue a las fiscalías y comisiones de búsqueda a cooperar eficazmente. Con 32 fiscalías estatales, 32 comisiones de búsqueda, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Búsqueda, la coordinación se vuelve un desafío titánico, pero imprescindible. Se trabajará en mesas de trabajo para unificar criterios y presentar resultados concretos a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Uno de los puntos críticos es la creación de un registro único y fidedigno de personas desaparecidas, basado en carpetas de investigación. La existencia de registros informales, sin sustento legal, dificulta la atención adecuada y la obtención de resultados. Se busca un registro que agilice los procesos y exija resultados a las fiscalías.

En paralelo, se trabaja en el Registro Nacional de Identidad, un proyecto ambicioso que busca complementar la CURP con información biométrica como fotos y huellas dactilares. A diferencia del INE, que solo cubre a mayores de 18 años, este registro abarcaría todas las etapas de la vida, facilitando la identificación y el seguimiento de casos de desaparición. Si bien aún no se cuenta con una base de datos de ADN suficiente, se reconoce la necesidad de avanzar en esta dirección para fortalecer las investigaciones.

La secretaria Rodríguez ha dejado claro que el tiempo y los recursos necesarios se destinarán a sistematizar las propuestas y construir un programa sólido y efectivo. La empatía con las víctimas y sus familias es la fuerza motriz de este esfuerzo. La angustia, la incertidumbre y el dolor que experimentan quienes han perdido a un ser querido son la prioridad. El compromiso es claro: escuchar, atender y actuar en consecuencia, con la firme convicción de que el Estado está al servicio de la nación y de cada uno de sus ciudadanos.