El escrutinio minucioso del INE sobre las campañas electorales del Poder Judicial busca garantizar la transparencia y la legalidad en la contienda. La consejera Carla Humphrey ha dejado claro que no se tolerarán irregularidades en el financiamiento de las campañas, desde el control de gastos en eventos y redes sociales hasta la prohibición de recibir donaciones, incluso en especie. La colaboración con instancias como la UIF, la CNBV y el SAT permitirá una fiscalización exhaustiva, detectando posibles discrepancias en los ingresos de los candidatos y previniendo el uso de recursos ilícitos. Este riguroso seguimiento busca asegurar que quienes aspiren a formar parte del Poder Judicial demuestren desde el inicio un compromiso inquebrantable con la legalidad y la ética.

La ciudadanía espera que la Reforma Judicial y las elecciones del 1 de junio contribuyan a una impartición de justicia más transparente y eficiente. La encuesta de QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group revela que la principal demanda de la población es la erradicación de la corrupción en el sistema judicial. Asimismo, existe un apoyo mayoritario a la reforma que permite la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, la encuesta también evidencia un desconocimiento generalizado sobre los actuales integrantes de la Suprema Corte, lo que subraya la importancia de las campañas informativas para que los ciudadanos puedan tomar decisiones fundamentadas en el proceso electoral.

La aspirante a ministra Sara Irene Herrerías aboga por una Suprema Corte que priorice los derechos de la infancia y adopte una perspectiva de interseccionalidad en sus decisiones. Con una larga trayectoria en el servicio público, Herrerías defiende una justicia imparcial, apegada a la ley y libre de influencias personales o políticas. Considera fundamental la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para asegurar la correcta aplicación de la ley y evitar la discrecionalidad excesiva de los jueces. Su visión se centra en una Corte empática y eficiente, capaz de resolver los casos a fondo y brindar justicia pronta a quienes la buscan.

La elección judicial en Nayarit se presenta como un proceso complejo, con 881 cargos en disputa y más de 3,400 candidatos. El INE ha desplegado un amplio operativo de fiscalización para asegurar la transparencia y la legalidad de las campañas. La ciudadanía nayarita tendrá la responsabilidad de elegir a los magistrados y jueces que integrarán el Poder Judicial local por los próximos ocho años. Se espera una participación activa de la población en este proceso, crucial para el fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad.

En San Luis Potosí, la elección extraordinaria para el Poder Judicial local también presenta un escenario complejo, con 87 cargos en disputa y listas de aspirantes provenientes de los tres poderes del estado. El CEEPAC tendrá la tarea de organizar y supervisar el proceso electoral, garantizando la transparencia y la legalidad de la contienda. Es fundamental que la ciudadanía potosina se informe sobre los perfiles de los candidatos y participe activamente en la elección, para contribuir a la conformación de un Poder Judicial independiente y eficiente.

Las campañas electorales para el Poder Judicial plantean un desafío particular, ya que la función jurisdiccional no permite un amplio margen para la presentación de propuestas y proyectos. La obligación primordial de los jueces es impartir justicia conforme a la ley, lo que limita el campo de acción discrecional. Es esencial que la ciudadanía comprenda la naturaleza de la función judicial y valore la idoneidad de los candidatos en términos de conocimientos, habilidades, ética y compromiso con el Estado de Derecho.

El monto autorizado por el INE para las campañas de los aspirantes a ministros de la Corte ha generado debate. Algunos lo consideran excesivo, mientras que otros argumentan que es insuficiente para una campaña a nivel nacional. La limitación de recursos plantea interrogantes sobre la posibilidad de que los candidatos se financien con recursos externos, lo que abre la puerta a posibles conflictos de interés. Asimismo, las restricciones impuestas por el INE a la propaganda electoral dificultan la difusión de las propuestas de los candidatos y limitan el alcance de las campañas.

La Asociación Nacional de Doctoras y Doctores en Derecho (ANDD) ha expresado su preocupación por el conteo de votos en las elecciones judiciales. La organización, que busca participar como observador electoral, considera fundamental la transparencia en el escrutinio para garantizar la legitimidad del proceso. La ANDD hace un llamado a la participación ciudadana en la observación electoral, para asegurar que el conteo de votos se realice de manera correcta y transparente.