La clausura del Bar 27 en Garden Santa Fe ha destapado una olla de presión llena de denuncias sobre discriminación, abusos y prácticas irregulares. Este establecimiento, arrendado por Gerardo del Castillo Morris, se encuentra ahora bajo la lupa del INVEA y la Profeco, quienes investigan las crecientes acusaciones de los clientes. El malestar se ha extendido como la pólvora en redes sociales, donde abundan los testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de trato discriminatorio por parte del personal del bar.

Un patrón recurrente en las quejas es la aparente preferencia por clientes extranjeros, relegando a los nacionales a un segundo plano. Usuarios indignados relatan cómo se les ha negado el acceso, mientras que minutos después, al regresar con ropa diferente y hablando inglés, se les permitía la entrada sin problema alguno. Este tipo de relatos no solo evidencian una posible discriminación por nacionalidad, sino también una preocupante actitud clasista que juzga a las personas por su apariencia.

La discriminación, sin embargo, no se limita a la nacionalidad. Testimonios desgarradores describen cómo se ha negado la entrada a personas por su color de piel, un acto de racismo inaceptable en pleno siglo XXI. “No comparto sus ideales”, declaró un cliente visiblemente afectado tras presenciar cómo a su amigo se le impedía el acceso por motivos raciales. Experiencias como esta dejan una profunda herida en la sociedad y nos obligan a reflexionar sobre la persistencia de prejuicios que deberían haber sido erradicados hace mucho tiempo.

Pero las irregularidades del Bar 27 no terminan ahí. A las acusaciones de discriminación se suman quejas sobre precios excesivos en bebidas de dudosa procedencia, llegando incluso a sospecharse que son “alteradas”. Este tipo de prácticas, además de constituir un fraude al consumidor, ponen en riesgo la salud de los clientes, quienes confían en que los establecimientos cumplen con las normas de higiene y seguridad.

Además, el empresario Gerardo del Castillo Morris, en la solicitud del Permiso de Impacto Zonal, se comprometió a cumplir con las normativas de Protección Civil y a controlar los niveles de ruido. Sin embargo, las quejas ciudadanas apuntan a un incumplimiento sistemático de estos compromisos, generando molestias a los vecinos y poniendo en evidencia una falta de respeto por las regulaciones vigentes.

El INVEA y la Profeco tienen ahora la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y aplicar las sanciones correspondientes. La clausura del Bar 27 es un primer paso, pero es fundamental que se haga justicia a las víctimas y se envíe un mensaje claro a otros establecimientos: la discriminación y las prácticas irregulares no serán toleradas. La sociedad exige transparencia y un compromiso real con la ética y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. El caso del Bar 27 nos recuerda la importancia de alzar la voz ante la injusticia y la necesidad de trabajar juntos para construir una sociedad más justa e igualitaria.