La tragedia que enlutó al festival Axe Ceremonia ha dejado una estela de preguntas y una profunda consternación en la comunidad musical. La muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández, confirmada por traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas según el parte médico del IMSS, ha puesto bajo la lupa la seguridad en eventos masivos y destapado posibles negligencias en la organización. El incidente, ocurrido durante el primer día del festival, involucró la caída de una estructura publicitaria, cuyas causas aún se investigan. Si bien la música continuó tras el accidente, la gravedad del suceso llevó a la suspensión definitiva del segundo día.

La alcaldía Miguel Hidalgo, en conjunto con el INVEA, actuó con celeridad para clausurar el Parque Bicentenario, desalojando a los asistentes y colocando los sellos de suspensión. Más allá de la medida inmediata, la alcaldía ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se determine la responsabilidad de los organizadores en este fatal accidente. Se busca esclarecer las circunstancias que llevaron a la caída de la estructura y presentar a los responsables ante el Ministerio Público.

Un punto crucial en la investigación es el incumplimiento del Programa Especial de Protección Civil. Según la alcaldía, los organizadores omitieron la instalación de grúas en el documento presentado. Estas grúas, que aparentemente fueron instaladas a última hora, no estaban presentes durante la inspección realizada el viernes 4 de abril por diversas instancias, incluyendo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Bomberos y las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. La alcaldía argumenta que la decisión de instalarlas fue tomada por los organizadores durante el concierto del sábado, presuntamente debido a los fuertes vientos. Sin embargo, esta justificación no exime de responsabilidad, ya que la planificación y previsión de riesgos son fundamentales en eventos de esta magnitud.

Este trágico suceso evoca otros incidentes similares, como el ocurrido en un evento del político Máynez, lo que refuerza la necesidad de una mayor rigurosidad en la supervisión y cumplimiento de las normas de seguridad. La indignación en redes sociales es palpable, con usuarios exigiendo justicia y que se depuren responsabilidades por las dos vidas perdidas. La pregunta que resuena es: ¿cuántas tragedias más serán necesarias para que se implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los asistentes a eventos masivos? La memoria de Berenice y Miguel exige respuestas y un compromiso real para que eventos como este no se conviertan en escenarios de dolor y luto.

La investigación continúa, y la sociedad espera que se llegue al fondo del asunto. No solo se trata de encontrar culpables, sino de establecer precedentes que obliguen a los organizadores a priorizar la seguridad de los asistentes por encima de cualquier otra consideración. El futuro de los eventos masivos en la ciudad depende de la capacidad de las autoridades para garantizar que se cumplan las normas y se implementen medidas preventivas que eviten tragedias como esta. El recuerdo de Berenice y Miguel debe servir como un llamado a la reflexión y a la acción para que la música y la fiesta no se conviertan en sinónimo de riesgo.