La democracia mexicana se encuentra en un momento crucial, a las puertas de un ejercicio ciudadano de vital importancia: la elección de Jueces, Ministros y Magistrados el próximo 1 de junio. Este proceso, que definirá el futuro del Poder Judicial, se desarrolla en un contexto de intenso debate sobre la participación de las figuras públicas y los límites impuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La reciente declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Zinapécuaro, Michoacán, ha avivado la discusión. Si bien no mencionó directamente la elección judicial, su interacción con los asistentes al evento "Autosuficiencia y soberanía alimentaria" dejó entrever una clara alusión al proceso electoral. Sus preguntas, seguidas de las respuestas entusiastas del público, generaron un ambiente cargado de significado político. "Me van a regañar si lo digo, pero lo voy a decir", anticipó la mandataria, generando una expectativa que culminó con la afirmación: "¿Quién puede sanear al Poder Judicial? El pueblo". Una frase contundente que resuena con la idea de un poder judicial emanado directamente de la voluntad ciudadana.

Este episodio pone de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de informar a la ciudadanía sobre un proceso electoral tan relevante y las restricciones impuestas por el INE a las figuras públicas. El artículo 134 constitucional, piedra angular de la imparcialidad electoral, prohíbe el uso de recursos públicos para promover el voto o la participación ciudadana. El INE argumenta que estas restricciones son fundamentales para garantizar la equidad y la transparencia del proceso electoral, evitando que los servidores públicos influyan en la decisión de los votantes.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo equilibrar la necesidad de informar con la obligación de no influir? ¿Cómo garantizar que la ciudadanía, especialmente en un proceso tan complejo como la elección de jueces, cuente con la información necesaria para tomar decisiones informadas? El debate está abierto y sus implicaciones son profundas para el futuro de la democracia mexicana.

La elección del 1 de junio no se trata simplemente de elegir nombres en una boleta. Se trata de definir el rumbo del Poder Judicial, la institución encargada de impartir justicia y garantizar el Estado de Derecho. Se trata de decidir quiénes serán los guardianes de la Constitución y los garantes de los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Por ello, es fundamental que la ciudadanía participe activamente, informándose a través de diversas fuentes y ejerciendo su derecho al voto de manera consciente y responsable.

La participación ciudadana, más allá del acto de votar, implica un compromiso constante con la construcción de un sistema judicial justo, equitativo y transparente. Implica exigir rendición de cuentas a las autoridades, participar en los debates públicos y defender los principios democráticos que sustentan nuestra sociedad. El futuro del Poder Judicial, y en última instancia, el futuro de México, está en manos del pueblo.

Este 1 de junio, cerca de 100 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto y decidir el futuro del Poder Judicial. La responsabilidad es enorme y la decisión trascendental. Informémonos, participemos y construyamos juntos un México más justo y democrático.