La desaparición de Monserrat Uribe en 2020 y el posterior hallazgo de sus restos en el Ajusco destapan una serie de interrogantes sobre el sistema judicial y la lucha contra la violencia de género en México. El caso, que culminó con la liberación de los acusados Miguel "N" y Adriana "N" en junio de 2024, ha generado controversia y dolor, especialmente para Jaqueline Palmeros, madre de Monserrat y fundadora de la agrupación Una Luz en el Camino.

A pesar de la indignación pública y las acusaciones dirigidas a la jueza Belem Bolaños, fuentes cercanas al caso afirman que la sentencia sí incorporó la perspectiva de género. Es decir, la jueza no desestimó la posibilidad de un crimen, sino que consideró que la evidencia apuntaba más hacia un feminicidio que a una desaparición forzada, delito por el cual la Fiscalía había presentado cargos. Sin embargo, el sistema judicial mexicano impide a los jueces condenar por un delito diferente al presentado en la acusación, limitando la capacidad de Bolaños para impartir justicia en este caso, aunque reconociera indicios de feminicidio. Esta rigidez procesal, lejos de beneficiar a las víctimas, puede generar un sentimiento de impunidad y desconfianza en las instituciones.

La complejidad del caso se agrava con las anomalías detectadas en la investigación, incluyendo la pérdida de evidencia crucial, como grabaciones del C5. Estas fallas, atribuidas al Ministerio Público y no a la jueza, contribuyeron a la liberación de los acusados y dificultan la búsqueda de justicia para Monserrat. La propia Jaqueline Palmeros ha denunciado estas irregularidades y ha solicitado la reposición del juicio, argumentando que la pérdida de pruebas fue determinante en la absolución de los implicados.

La situación pone de manifiesto la precaria situación de las víctimas de violencia de género en México, quienes a menudo se enfrentan a un sistema judicial lento, burocrático y con deficiencias en la investigación. La lucha de Jaqueline Palmeros, no solo por su hija, sino por todas las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, visibiliza la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial que garantice la justicia y la reparación del daño. Es fundamental fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público, asegurar la preservación de la evidencia y, sobre todo, aplicar la perspectiva de género de manera efectiva en todas las etapas del proceso judicial.

Más allá de la controversia en torno a la sentencia de la jueza Bolaños, el caso de Monserrat Uribe nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia y la necesidad de un compromiso real para erradicar la violencia contra las mujeres. La impunidad no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también erosiona la confianza en el Estado de Derecho. La búsqueda de justicia para Monserrat es un clamor por un sistema judicial más justo, eficiente y sensible a las necesidades de las víctimas. Es una lucha por un México donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y miedo.