Chiapas, un estado que durante años fue sinónimo de conflicto social y vulnerabilidad, se yergue hoy como un ejemplo de transformación en materia de seguridad y paz. El Fiscal General del Estado, Jorge Llaven Abarca, ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que la clave de esta metamorfosis reside en la voluntad política, el liderazgo y la experiencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. No se trata de una simple declaración, sino de una realidad palpable que se sustenta en la sólida coordinación entre las instituciones locales y federales. Esta sinergia, como un engranaje perfectamente aceitado, ha permitido articular esfuerzos y recursos para tejer una red de seguridad que protege a la ciudadanía chiapaneca.

La paz, como bien lo señala Llaven Abarca desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no es simplemente la ausencia de guerra o violencia. Es mucho más que un concepto negativo, es la presencia activa de justicia social y equidad, un ecosistema donde los derechos humanos florecen y la ciudadanía puede desarrollar su potencial en plenitud. Es la “paz positiva” de la que hablaba Johan Galtung, esa que va más allá de la mera contención del conflicto y se adentra en la construcción de un tejido social justo y equitativo.

En Chiapas, esta visión de paz positiva se ha traducido en una estrategia integral que aborda el problema desde múltiples frentes. No se limita a la represión del delito, sino que se enfoca en la prevención, la participación comunitaria y el combate a las desigualdades, los verdaderos caldos de cultivo de la violencia. La Fuerza de Reacción Pakal, un cuerpo de élite creado para combatir delitos de alto impacto, es un ejemplo de la firmeza con la que el estado enfrenta la criminalidad. Sin embargo, esta fuerza no actúa sola, se complementa con la dignificación policial, una pieza clave para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el vínculo entre las fuerzas del orden y la comunidad. A esto se suma el reforzamiento de la seguridad en la frontera con Guatemala, una medida estratégica para blindar al estado contra el crimen transnacional.

El éxito de esta estrategia, como lo subraya el propio Llaven Abarca, radica en la combinación de un trabajo de campo efectivo y una coordinación interinstitucional impecable. La recuperación de la confianza ciudadana, un activo invaluable que se había erosionado con el tiempo, es otro de los pilares de esta transformación. Es la prueba irrefutable de que la seguridad no se impone, se construye con la participación activa de la sociedad.

Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aporta una perspectiva fundamental: la justicia restaurativa. Su enfoque, centrado en la reparación del daño a las víctimas y la construcción de paz desde el contexto local, complementa a la perfección la estrategia implementada en Chiapas. Derribar las barreras que impiden la realización de los derechos, tanto individuales como colectivos, es un paso esencial para consolidar la paz y sentar las bases de un futuro próspero y equitativo.

La trayectoria de Jorge Llaven Abarca, desde su formación académica en la UNACH y el Instituto de Estudios Fiscales, hasta su amplia experiencia en el servicio público, lo convierte en la figura idónea para liderar esta transformación. Su visión, plasmada en el libro “La paz como derecho humano”, es una hoja de ruta para la construcción de un Chiapas más seguro, justo y en paz. Un Chiapas donde la paz no sea una utopía, sino una realidad tangible para todos sus habitantes. La presencia de figuras como la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y otras personalidades del ámbito político y de los derechos humanos, refuerza la importancia de este esfuerzo colectivo por consolidar la paz en Chiapas y en todo México.