En un operativo que pone de manifiesto la importancia de la gestión responsable de residuos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un centro de acopio de residuos peligrosos en el municipio de Rayón, Estado de México. La inspección, llevada a cabo los días 27 y 28 de marzo, reveló una serie de irregularidades alarmantes que ponían en riesgo inminente el equilibrio ecológico de la zona.

El centro de acopio “Raúl Salvador González Cuevas” se convirtió en el foco de atención de la Profepa, tras descubrirse prácticas de almacenamiento inadecuadas y un evidente incumplimiento de la legislación ambiental. Dos almacenes en particular presentaron deficiencias críticas que motivaron la clausura total temporal.

En el primer almacén, la acumulación de residuos industriales en filas compactas, sin dejar espacio para el tránsito de equipos de emergencia, representó una grave amenaza. Imaginen la dificultad, incluso la imposibilidad, de que bomberos o personal de seguridad pudieran acceder al lugar en caso de un incidente. Una situación que podría tener consecuencias devastadoras.

El segundo almacén presentaba un panorama aún más preocupante. Sus cuatro fosas de captación, carentes de tapas, exponían el contenido a la intemperie, incrementando el riesgo de contaminación. Al igual que en el primer almacén, los residuos peligrosos se apilaban en filas, obstruyendo cualquier vía de escape en caso de una emergencia. Para agravar la situación, solo una fracción del techo estaba cubierta con una lona, dejando la mayor parte del almacén expuesta a los elementos. Además, la cantidad de residuos almacenados superaba la capacidad instalada, configurando un escenario de alto riesgo.

La magnitud del problema se hizo aún más evidente al descubrirse cerca de 100 toneladas de residuos peligrosos almacenados fuera de las áreas designadas. Esta cantidad, equivalente al peso de aproximadamente 100 automóviles compactos, yacía a la intemperie, representando una potencial fuente de contaminación para el suelo, el agua y el aire.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la Profepa no dudó en imponer la clausura total temporal de las actividades de almacenamiento. Esta medida, crucial para salvaguardar el medio ambiente, se acompañó de una serie de medidas urgentes que el centro de acopio deberá cumplir.

Entre estas medidas, se exige la presentación de evidencia documental y fotográfica que demuestre la correcta disposición de los residuos peligrosos. Además, el centro deberá acreditar que trabaja con empresas transportistas y destinatarias autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), garantizando así el manejo seguro y responsable de los materiales. Finalmente, se prohíbe el ingreso de nuevos residuos peligrosos durante los próximos 45 días hábiles, o hasta que se cumplan a cabalidad las medidas y condiciones de seguridad establecidas en la legislación vigente.

La Profepa, comprometida con la protección ambiental, dará seguimiento puntual al procedimiento administrativo. Se vigilará el cumplimiento de los sellos impuestos y se asegurará que el centro de acopio implemente las medidas correctivas necesarias para operar de manera segura y responsable. Este caso sirve como un recordatorio contundente de la importancia del cumplimiento de la normativa ambiental y de las consecuencias que conlleva su incumplimiento. La salud de nuestro planeta depende de la responsabilidad de todos.