La indignación se palpaba en el aire. Durante semanas, los derechohabientes del ISSSTE en Chalco habían sido víctimas de un sistema injusto y abusivo: la venta ilegal de fichas para citas médicas. La necesidad de atención médica, un derecho fundamental, se convertía en una mercancía en manos de oportunistas que lucraban con la salud de la gente. Las largas filas, la desesperación por conseguir una cita y la impotencia ante la corrupción, eran el pan de cada día en los alrededores de la Clínica de Medicina Familiar.

La visita del director general, Martí Batres Guadarrama, el pasado 23 de marzo, fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Su recorrido por la unidad médica, el diálogo con los afectados y la constatación de la gravedad del problema, marcaron un punto de inflexión. No se trataba solo de palabras, sino de acciones concretas. Las gestiones realizadas desde las oficinas centrales del ISSSTE, la representación estatal y el cuerpo directivo de la clínica, culminaron en una solicitud de apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El jueves pasado, la respuesta llegó con la contundencia que la situación demandaba. Un operativo conjunto de la SSPC y la policía municipal irrumpió en la escena, desmantelando la infraestructura que permitía a estos grupos lucrar con la salud. Sillas, cuerdas, letreros… Los artefactos que servían para apartar lugares y posteriormente venderlos a los derechohabientes fueron retirados, enviando un mensaje claro: la impunidad había llegado a su fin.

Pero el operativo no se limitó a una acción puntual. Conscientes de la posibilidad de reincidencia, la SSPC ha desplegado una cuadrilla de elementos de seguridad que mantienen una presencia constante en el exterior de la UMF Chalco. Se trata de una medida preventiva, disuasiva, que busca proteger a los derechohabientes y garantizar el acceso gratuito a los servicios médicos.

Este operativo es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los trabajadores del Estado. El ISSSTE, bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, refrenda su compromiso con la salud y el bienestar de sus afiliados. La gratuidad de los servicios médicos es un principio irrenunciable, y se trabajará sin descanso para erradicar cualquier práctica que atente contra este derecho fundamental.

Más allá de la acción policial, este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de asignación de citas. Se deben explorar alternativas que faciliten el acceso a la atención médica, como la implementación de sistemas en línea, la ampliación de horarios de atención y la optimización de los recursos humanos. Es fundamental que los derechohabientes no tengan que enfrentar obstáculos burocráticos ni ser víctimas de la corrupción para recibir la atención médica que necesitan y merecen. El camino hacia un sistema de salud más justo y eficiente requiere del compromiso de todos. Desde las autoridades hasta los propios derechohabientes, debemos trabajar juntos para construir un futuro donde la salud sea un derecho garantizado y no un privilegio de unos pocos.