La propuesta de centralizar los datos biométricos de la población mexicana ha desatado una intensa polémica, generando una profunda preocupación entre expertos en privacidad, activistas de derechos humanos y la ciudadanía en general. Si bien la justificación de la iniciativa se centra en la mejora de la seguridad pública y la búsqueda de personas desaparecidas –una tragedia que azota a nuestro país–, muchos argumentan que esta medida representa un peligroso precedente que podría vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a potenciales abusos por parte del Estado.

Imaginemos un futuro donde cada paso que damos, cada lugar que visitamos, queda registrado en una inmensa base de datos gubernamental. Una base de datos susceptible a ataques cibernéticos, a filtraciones e incluso a la manipulación. ¿Qué garantías tenemos de que esta información sensible no caerá en las manos equivocadas? La historia, lamentablemente, nos ha mostrado repetidamente que la concentración de poder, especialmente sin los contrapesos adecuados, puede llevar a excesos y a la violación de las libertades individuales.

La biometría, en esencia, nos convierte en datos. Nuestras huellas dactilares, nuestro rostro, nuestra voz, se transforman en códigos que nos identifican de manera única e irrevocable. Centralizar esta información en un solo organismo, sin la debida transparencia y supervisión independiente, es como entregar las llaves de nuestra identidad a un ente con un poder desproporcionado. Y la desaparición del INAI, el organismo autónomo que velaba por la protección de nuestros datos personales, agrava aún más la situación, dejándonos desprotegidos ante posibles abusos.

Es innegable la necesidad de fortalecer la seguridad y combatir la delincuencia. Sin embargo, la solución no puede pasar por sacrificar nuestra privacidad y nuestros derechos. Existen alternativas, como la descentralización de los datos, el uso de tecnologías de encriptación robustas y la implementación de estrictos protocolos de acceso, que permiten conciliar la seguridad con la protección de las libertades individuales.

El debate sobre la centralización de datos biométricos nos obliga a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre seguridad y libertad. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad a cambio de una promesa de mayor seguridad? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la tranquilidad? Estas son preguntas cruciales que debemos plantearnos como sociedad antes de dar un paso irreversible que podría tener consecuencias devastadoras para el futuro de nuestras libertades. La historia nos enseña que la vigilancia masiva, disfrazada de seguridad, puede ser una herramienta de control y represión. Debemos aprender de los errores del pasado y construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de las personas, no al revés.

La desaparición del INAI deja un vacío preocupante en la protección de nuestros datos personales. Precisamente en un momento donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la recolección de datos se vuelve cada vez más sofisticada, la necesidad de un organismo autónomo e independiente que vele por nuestros derechos digitales se hace aún más imperante. La centralización de datos biométricos sin la supervisión del INAI aumenta exponencialmente el riesgo de abusos y violaciones a la privacidad.

Es fundamental exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades. Debemos saber quién tiene acceso a nuestros datos, con qué fines y bajo qué controles. La opacidad en el manejo de información tan sensible es inaceptable en una sociedad democrática. El debate sobre la centralización de datos biométricos no puede limitarse a un círculo de expertos. Es una discusión que nos concierne a todos y todas. Debemos participar activamente, informarnos y exigir que nuestras voces sean escuchadas. El futuro de nuestras libertades está en juego.