La historia de Carlota, la mujer de 74 años apodada en redes sociales como la "abuela vengadora" o "abuela sicaria", ha conmocionado a la comunidad de Chalco, Estado de México. Lo que comenzó como una denuncia por invasión de propiedad, se transformó en una tragedia que ha dejado dos muertos y una orden de aprehensión en contra de la anciana y sus dos hijos, Mariana y Eduardo.

El pasado 27 de marzo, Mariana, hija de Carlota, denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM) la invasión de su domicilio ubicado en la calle Haciendo la Labor, Colonia Hacienda de Guadalupe. Según su testimonio, recibió una llamada telefónica informándole que tres personas habían ingresado a la propiedad y estaban sacando los objetos sin autorización. La FGEM, en respuesta a la denuncia, inició una investigación que incluyó la solicitud de videograbaciones de las cámaras de seguridad de la zona y la intervención de peritos en criminalística. Al día siguiente, el 28 de marzo, agentes de la Fiscalía y peritos se presentaron en el inmueble, pero lo encontraron cerrado con cadena y candado, sin rastro de los supuestos invasores.

La investigación continuó, con la Fiscalía solicitando información al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y al catastro municipal para verificar la titularidad de la propiedad. Sin embargo, el 1 de abril, Carlota, acompañada de sus hijos Mariana y Eduardo, decidió tomar la justicia por su propia mano. Acudieron a la vivienda armados y se enfrentaron a los ocupantes. El resultado fue fatal: Ezzaú, de 51 años, y su hijo Justin, de 19, perdieron la vida en el patio de la casa. Un video del incidente, que se difundió rápidamente en redes sociales, muestra la crudeza del enfrentamiento y ha generado un intenso debate público.

La versión de la familia de Carlota indica que, al llegar a la propiedad, encontraron a una de las víctimas manipulando una máquina de soldar, presuntamente utilizada para cambiar las chapas de la vivienda. Por otro lado, los familiares de las víctimas afirman que Ezzaú y Justin habían rentado la casa dos días antes y que Carlota no les presentó ningún documento que la acreditara como la propietaria legítima. Aseguran, además, que la anciana disparó directamente contra padre e hijo sin mediar palabra.

Este caso plantea interrogantes cruciales sobre los límites de la legítima defensa, la actuación de las autoridades ante las denuncias de invasión de propiedad y la creciente sensación de inseguridad que lleva a algunos ciudadanos a tomar la justicia por su propia mano. La figura de Carlota, una anciana convertida en "vengadora" o "sicaria" según la perspectiva, refleja la complejidad de un problema social que exige una respuesta integral por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto. ¿Fue un acto de defensa propia ante una invasión ilegal o un exceso violento impulsado por la desesperación? La justicia deberá determinar la verdad y las responsabilidades en este trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad. Mientras tanto, el debate en redes sociales y medios de comunicación continúa, alimentando la polarización y la incertidumbre en torno a este caso que pone en evidencia la fragilidad del estado de derecho y la necesidad de mecanismos más eficaces para garantizar la seguridad y la justicia para todos.