La seguridad privada en México se consolida como un sector clave, no solo para la protección de bienes y personas, sino también como un importante generador de empleo. Con casi 900 mil personas dedicadas a esta labor en el tercer trimestre de 2024, según Data México, la industria de la vigilancia privada demuestra su relevancia en el panorama económico nacional. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconden realidades complejas que merecen un análisis profundo.

Si bien el salario promedio de 6,640 pesos mensuales puede parecer modesto, es importante destacar la heterogeneidad dentro del sector. La especialización, el tipo de cliente y la ubicación geográfica juegan un papel crucial en la remuneración. Mientras algunos guardias apenas superan el salario mínimo, otros, especialmente aquellos que prestan servicios a empresas de alto perfil o en sectores como la joyería y el sector residencial, pueden percibir ingresos considerablemente mayores, llegando incluso a los 15,300 pesos mensuales. Esta disparidad salarial refleja la segmentación del mercado y la demanda de personal altamente capacitado en áreas específicas.

La predominancia masculina en la profesión, con un 80%, también invita a la reflexión. ¿Qué factores limitan la participación femenina en este ámbito? ¿Se trata de barreras culturales, falta de oportunidades o la percepción de la seguridad privada como una actividad "masculina"? Es fundamental promover la inclusión y la igualdad de género en este sector, ofreciendo las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional a hombres y mujeres.

La distribución geográfica de la fuerza laboral de seguridad privada también revela datos interesantes. Entidades como el Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato concentran un gran número de guardias, lo cual se correlaciona con la densidad poblacional y la actividad económica de estas regiones. Sin embargo, es en estados como Yucatán donde se observa la mayor tasa de informalidad laboral, superando el 30%. Esta situación plantea un desafío para las autoridades, que deben fortalecer los mecanismos de regulación y control para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y la calidad del servicio que se presta.

El crecimiento del sector en Quintana Roo y Sonora, con aumentos superiores al 30% en el número de empleados, refleja el dinamismo económico de estas regiones y la creciente demanda de servicios de seguridad. El turismo, la inversión extranjera y el desarrollo de infraestructuras impulsan la necesidad de proteger los activos y las personas, creando oportunidades de empleo en el sector de la seguridad privada.

Más allá de las cifras, es crucial humanizar la labor de los guardias de seguridad. Detrás de cada uniforme hay una persona que dedica su tiempo y esfuerzo a proteger a otros. Su trabajo, a menudo invisible, es fundamental para la tranquilidad y el bienestar de la sociedad. Es necesario reconocer su contribución y promover su profesionalización, ofreciendo capacitación continua y mejores condiciones laborales.

La colaboración entre la seguridad privada y las fuerzas públicas es otro aspecto clave. La información que los guardias pueden proporcionar a las autoridades es invaluable para la prevención del delito y la respuesta ante emergencias. Fortalecer la comunicación y la cooperación entre ambos sectores es esencial para construir un entorno más seguro para todos.

Finalmente, la lucha contra la informalidad laboral debe ser una prioridad. Garantizar que todos los trabajadores del sector tengan acceso a prestaciones sociales, seguridad social y un salario digno es fundamental para su desarrollo personal y profesional, y para la consolidación de la seguridad privada como un sector formal y regulado. La imagen proyectada en redes sociales, como el tweet de la SSC, debe reflejar esta formalidad y profesionalismo, destacando la importancia de la capacitación y la colaboración interinstitucional.